Las investigaciones sobre el operativo “Rápido y furioso”, mediante el cual Estados Unidos introdujo ilegalmente a México más de 2 mil armas entre 2009 y 2011 con el fin de rastrear a grupos criminales, involucra otra vez directamente a Felipe Calderón cuyos policías favoritos, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, y el capo de su sexenio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, están ya indiciados por este caso. Calderón ha dicho y lo volverá a reiterar que nunca supo nada de ese operativo del gobierno de Barak Obama cuyo vicepresidente, Joe Biden, gobierna actualmente ese país, pero la información entregada a México, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), desde septiembre de 2019, y del canciller Marcelo Ebrard, en mayo de 2020, apunta a lo contrario. En el Departamento de Justicia y del Congreso de Estados Unidos hay evidencias que acreditan el conocimiento y el aval de altos funcionarios de Calderón en “Rápido y furioso” y otros operativos análogos, desde el embajador Arturo Sarukhán y el exsecretario de Gobernación Alejandro Poiré hasta los procuradores Maricela Morales y Eduardo Medina Mora.  Las órdenes de aprehensión que obtuvo la FGR contra García Luna y Cárdenas Palomino, el primero preso en Estados Unidos y el segundo en México, así como contra “El Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua precisamente por recibir protección de ambos policías, abre la posibilidad de que se esclarezca la responsabilidad de Calderón en “Rápido y furioso” por el que perdieron la vida decenas de personas. Justo por los asesinatos de personas, entre ellos agentes policiacos, es que tuvo que dimitir el procurador de Estados Unidos, Eric Holder, en septiembre de 2014, pero en México imperó la impunidad en el gobierno de Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, hasta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la cancillería, solicitó información a ese país sobre el operativo. El 11 de mayo de 2020, Ebrard envió una nota diplomática a Estados Unidos solicitando toda la información sobre el operativo, sobre todo después de que Holder aseguró que el gobierno de Calderón sí tenía conocimiento del caso. Y por ello Ebrard planteó dos escenarios: “Hay de dos: O se mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades de México, diciendo que no se sabía nada de esto, o bien se atropelló o se violentó la soberanía nacional de México”. Ese mismo mes de mayo, Calderón lanzó su libro Decisiones difíciles, en el que niega, en un párrafo, haber tenido conocimiento del operativo:  “Ante la exigencia mexicana, la fiscalía general de Estados Unidos ofreció a la PGR realizar un esfuerzo extraordinario para investigar y llevar a juicio a los traficantes de armas; parecía una buena idea. Con el tiempo se revelaría lo que esa acción implicaba: las agencias federales pusieron chips en determinados paquetes de armas para poder detectar su recorrido (trazabilidad). Así sería posible reunir evidencia judicializable en contra de los vendedores de armas. En definitiva las cosas se les salieron de control”.  Es tiempo de saber. POR ÁLVARO DELGADO

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN EL DIARIO DIGITAL "SIN EMBARGO"

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