Tras un periodo de turbulencia inflacionaria por el repunte en productos perecederos como el jitomate, y con el último dato disponible en donde se observa una disminución del indicador de 0.21 por ciento para ubicarla en 3.94 por ciento durante mayo, la administración federal recurrió a esquemas de coordinación con el sector privado para contenerla. La renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) busca congelar por seis meses más el precio de una canasta de 24 bienes esenciales al fijar su valor tope en 910 pesos y evitar que las expectativas inflacionarias se desanclen de la ruta de control. Tuve la oportunidad de platicar con Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), quien sostiene que el control más eficiente es el que actúa antes de que se consolide el rebote de precios. Según datos de la dependencia, desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum se registra una reducción del 12.4 por ciento en el costo de la canasta del PACIC. Este acuerdo compromete a productores y comercios a absorber la presión en sus márgenes, mientras el gobierno federal facilita trámites y logística. La estrategia de contención no se limita al sector agropecuario; el verdadero dique financiero se encuentra en los energéticos. Para mitigar el impacto del choque petrolero derivado de los conflictos en el Golfo Pérsico, la SHCP aplicó estímulos fiscales al IEPS. La meta es topar los precios en estaciones de servicio en un máximo de 24 pesos por litro para la gasolina regular y 27 para el diésel, un insumo crítico cuyo encarecimiento impacta de forma transversal los costos logísticos de la carga pesada. Bajo la óptica de las finanzas públicas, estos estímulos implican una menor recaudación tributaria para el Estado. No obstante, para Hacienda este sacrificio fiscal se compensa directamente a través de los ingresos extraordinarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en sus exportaciones de crudo por los altos precios del barril. Esta dinámica mantiene el balance de la economía en una posición neutral, lo que evita presiones adicionales al déficit fiscal en la primera mitad del año. Paralelamente, la numeralia del mercado laboral muestra indicadores alentadores: el índice de pobreza laboral registró un mínimo histórico de 30.7 por ciento, impulsado por el incremento al salario mínimo y una apreciación del tipo de cambio. Frente a la reducción en las expectativas de crecimiento global publicadas por la OCDE y el Banco de México, el titular de la SHCP mantiene una postura de cautela optimista. El plan de reactivación se apoya en un paquete de inversión en obra pública que supera los 700 mil millones de pesos para los próximos 12 meses. Esta inyección de capital, focalizada en carreteras, puertos y redes eléctricas, busca acelerar el Producto Interno Bruto, una apuesta cuyo resultado se medirá frente a las previsiones de menor crecimiento para la economía global.