De aprobarse la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, el presupuesto del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (Ceepac) podría sufrir una reducción cercana a los 20 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026.

La iniciativa federal contempla, entre otros puntos, la disminución de hasta un 25 por ciento en los recursos destinados a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), como parte de una política de austeridad y reorganización del sistema electoral en el país.

Actualmente, el Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí 2026 , publicado el 24 de diciembre de 2025 mediante decreto del Congreso local, establece para el Ceepac un gasto ordinario de 74 millones 680 mil 816 pesos, además de 4 millones 662 mil 655 pesos correspondientes al cumplimiento del artículo 42 de la Ley Electoral del Estado. En conjunto, el presupuesto operativo del organismo asciende a 79 millones 343 mil 471 pesos.

De aplicarse una reducción del 25 por ciento a estos rubros operativos, el presupuesto del órgano electoral local disminuiría a aproximadamente 59 millones 507 mil 603 pesos, es decir, una reducción estimada de 19 millones 835 mil 868 pesos.

Cabe señalar que este ajuste se refiere exclusivamente al gasto operativo del organismo electoral. El financiamiento público destinado a partidos políticos en la entidad, que para 2026 asciende a 174 millones 215 mil 596 pesos, se encuentra contemplado en un apartado distinto del presupuesto y dependería de lo que finalmente establezca la reforma federal.

Especialistas advierten que una reducción de esta magnitud podría impactar en áreas clave como el pago de personal, la organización de procesos electorales, la capacitación cívica, la fiscalización y la preparación logística de elecciones.

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La reforma electoral federal aún debe ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión para entrar en vigor. Mientras tanto, el presupuesto estatal aprobado para 2026 permanece vigente conforme a lo autorizado por el Poder Legislativo local.