Hay que entender que la iniciativa de reforma no es eléctrica, sino política. Propone, entre otras ocurrencias, la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) El objetivo de la oposición –respaldada por la iniciativa privada y la sociedad civil– debe ser uno: frenar la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno. No deben caer en el espejismo de que es posible llegar a un “punto medio”, cuando enfrente tienen a un movimiento populista al que no le interesa que México tenga energía para crecer, sino amasar más poder mediante el debilitamiento del sector privado nacional y extranjero. La iniciativa es una estatización de facto del sector eléctrico, que incluye expropiaciones indirectas con la desaparición de permisos que habían sido otorgados a algunas empresas para producir electricidad. No hay forma de convalidar esto sin afectar severamente la ya débil confianza que hay en la economía nacional, que se ha reflejado en una parálisis de la inversión privada y una recesión con alta inflación. Hay que entender que la iniciativa de reforma no es eléctrica, sino política. Propone, entre otras ocurrencias, la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como la absorción Centro Nacional de Control de Energía, CENACE por parte de la CFE. Esto significaría entregar todo el poder a su director, quien hoy es el inefable Manuel Bartlett Díaz, pero que mañana podría ser el político radical de MORENA que usted menos se imagine. Si gana MORENA en 2024, un Martí Batres o una Rocío Nahle podrían quedar al frente de la CFE. Estos personajes tendrían el poder de ser el único comprador de electricidad por mayoreo y, por otro lado, un monopolio al ser el único vendedor de electricidad al por menor. Pensar que usarían su poder con responsabilidad, racionalidad y sin sesgos políticos es esperar que Vladimir Putin se retire de Ucrania, pida perdón por el error de invadirla y ayude a reconstruirla. Simplemente no va a ocurrir. Aun diluida, la reforma pondría en peligro las libertades de los ciudadanos y de las empresas porque le daría al gobierno el poder para decidir, si una empresa del giro que sea, opera o no. También podría poner en jaque a autoridades locales con la manipulación de tarifas para presión política. La oposición debe entender que no hay forma de hacer potable la tóxica iniciativa del presidente López Obrador. El dinero que haría falta para implementarla, aun en una versión descafeinada, no existe hoy en México. Afectaría las finanzas públicas, porque el gobierno no va a hacer las inversiones anuales de más de 134 mil millones de pesos. Hoy, la CFE a duras penas destina 41 mil millones de pesos a ese rubro. El gobierno tendría que endeudarse o profundizar los recortes que ha hecho a salud, educación, carreteras y otros rubros vitales. Ambas opciones empobrecerían más a México. Los legisladores del PRI y del PAN deben tener claro que el déficit de electricidad que tendrá el país no solo generaría apagones, sino que ahuyentaría a inversión en la industria manufacturera con lo que se condenaría a México a un estancamiento económico en al menos los próximos diez años. Todo esto se traduciría, sin duda, en pérdidas de empleo y deterioro de las condiciones de vida de las familias mexicanas. La oposición no debe negociar la destrucción del medio ambiente que la reforma traería. La iniciativa del gobierno es contaminante por diseño. Así la imaginaron y así la quieren implementar porque no tienen ni la tecnología, ni la capacidad humana, ni el dinero ni la voluntad para invertir en energías renovables. En la mente del presidente, la prioridad es humillar y expulsar de México a empresas como Iberdrola, y si para eso hay que producir electricidad con carbón o combustóleo, así lo harán. Importan los rencores del presidente, no el aire que respiramos. En suma, los partidos políticos de oposición no deben aprobar o buscar negociar esta iniciativa que atenta contra los ciudadanos, la libertad de empresa y el medio ambiente. La sociedad civil debe llamar a la gente a presionar a sus diputados, del partido que sean, para que no se vuelvan cómplices de este atentado contra el futuro de México. POR FAUSTO BARAJAS

ESPECIALISTA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

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@FAUSTOBARAJAS