La reforma enviada por la presidenta de la República a la Cámara de Diputados para incorporar nuevos mecanismos de adquisiciones en el gobierno y en la administración pública federal busca incorporar las llamadas “compras verdes” y pone candados contra el tráfico de influencias.

No podrán ser contratadas aquellas personas morales de las que formen parte de las personas servidoras públicas, designadas por la persona titular del ejecutivo federal, a efecto, de evitar el tráfico de influencias o conflictos de interés”, se propone.

Se plantea en las modificaciones sobre las sociedades cooperativas que le venden al gobierno que estas “no podrán formar parte ni depender de partidos políticos o de asociaciones religiosas”.

En el diagnóstico de la situación que se comparte a los legisladores, se reconoce lanecesidad de una ingeniería en el sistema electrónico de contrataciones públicas, denominado CompraNet, a fin de que se convierta en “una herramienta que facilite el análisis, procesamiento e investigación de información con alto valor agregado“, sobre esas acciones.

De manera que ese sistema, cuya nueva versión se puso en marcha en 2023, será sustituido por la futura Plataforma Digital de Contrataciones Públicas en la que quedaría automatizados todos los procesos correspondientes.

Además se propone la creación de la Tienda Digital del gobierno federal “como un módulo” de esa Plataforma, mediante la cual se realizarán adquisiciones de bienes o servicios “de manera ágil y expedita, a través de órdenes de suministro o servicio”.

En el documento que llegó a San Lázaro el jueves se habla de la necesidad de establecer un marco jurídico innovador que regule las contrataciones públicas, “buscando siempre el equilibrio entre la responsabilidad social y la responsabilidad que conlleva el ejercicio de recursos públicos”.

La propuesta presidencial en materia de adquisiciones busca expedir una nueva Ley en la que también se regularía los arrendamientos y los servicios que contrata el sector público.

Se prevén modificaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana, a la de Economía Social y Solidaria y a la General de Sociedades Cooperativas.

En la exposición de motivos se reconoce que el actual ordenamiento obedece más a un enfoque económico, “en detrimento de otras cuestiones de vital importancia, como lo es el enfoque social “.

Se reconoce, sin embargo, que el modelo actual ha permitido avances institucionales, pero se indica que debido al reconocimiento de los derechos sociales “es momento de incluir un componente de este tipo en materia de contrataciones públicas, dando relevancia a la responsabilidad social que debe observar el estado en el ejercicio de su actividad económica”.

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En este contexto se habla de impulsar contrataciones, cuyos productos contribuyan a la sostenibilidad ambiental.

Con información de Excélsior