En San Luis Potosí, el sector inmobiliario enfrenta un reforzamiento de obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley Antilavado”. Olga Espitia Lanzua, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), destacó que los agentes inmobiliarios y notarios en la entidad tienen un papel fundamental en la detección y reporte de operaciones sospechosas. “Es nuestra obligación mantener expedientes completos y transparentes en cada transacción, porque eso nos protege a nosotros y también a nuestros clientes”, señaló. Uno de los puntos más estrictos de la legislación es el límite para pagos en efectivo en operaciones de compraventa, que no puede rebasar las 700 mil Unidades de Inversión (aproximadamente 926 mil pesos), a lo que Espitia aclaró que, en la práctica, los notarios en San Luis Potosí no pueden recibir montos superiores, por lo que todas las operaciones deben ajustarse estrictamente a este tope. La dirigente de AMPI reconoció que la implementación de estas medidas no ha sido homogénea en todo el país, pero en San Luis Potosí ya se trabaja en estandarizar procesos internos y en la capacitación de asesores, ya que la normativa busca blindar las operaciones de compraventa de inmuebles frente a prácticas irregulares, falsificación de documentos y el uso de recursos de origen ilícito.  

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Con este marco regulatorio, la expectativa en San Luis Potosí es que el mercado inmobiliario se fortalezca y quede mejor protegido frente a prácticas ilegales que podrían poner en riesgo su reputación. Además, la líder concluyo con que se prevé que las reformas recientes impulsen protocolos más sólidos en coordinación con notarios y autoridades financieras.