El primer derecho de las audiencias es elegir libremente. Elegir cómo informarse, dónde informarse y con quién informarse.

Ahora, con el pretexto de proteger “los derechos de las audiencias” desde el gobierno, se ataca la libertad de las personas para decidir. El Estado se otorga una licencia para elegir por los ciudadanos.

Si avanza la propuesta del gobierno de Morena, el régimen tendría un mecanismo para controlar contenidos periodísticos a partir de la discrecionalidad. Ahí no hay regulación, hay censura disfrazada.

El llamado a no ver determinados medios, y los cada vez más recurrentes espacios del oficialismo donde se descalifica y hostiga sistemáticamente a periodistas han sido sólo el comienzo de la andanada contra voces incómodas. Morena oficializó lineamientos que pretenden silenciar a quienes cuestionan, señalan y exhiben. No protegen a las audiencias; permiten controlar contenidos, intervenir decisiones editoriales y sancionar a los medios críticos con base en criterios subjetivos.

El modelo es claro: obliga a los medios a acreditar la “veracidad” de sus contenidos, el Estado se otorga la potestad de determinar qué es “verdad” y qué no; qué información está “descontextualizada”, subordina la figura de “Defensor de las Audiencias” a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), vuelven obligatorias sus recomendaciones y abren la puerta a sanciones. Si no les gusta lo que dices o cómo lo dices, te sancionan. Si incomodas y cuestionas, te multan.

Todo, bajo la ambigüedad e interpretación discrecional. Primero, para que los medios se autocensuren y le bajen. Después, para tener herramientas coercitivas y castigar.

Las cosas como son: no les interesa combatir la desinformación, le interesa administrar, influir y llevar mano en lo que se dice, publica y difunde.

Lo más grave no sólo es el ataque frontal a medios y al periodismo libre, sino el golpe a millones de ciudadanos. Lo que está en juego es su derecho a tener opciones, elegir e informarse. Lo que está en peligro es su derecho a contrastar versiones, escuchar distintas voces y decidir en quién confiar para informarse libremente. Esos sí son derechos de las audiencias.

Durante años y pese a la ola de ataques desde el poder, el propio AMLO insistió en que “la prensa se regula con la prensa”. Hoy su partido quiere que a la prensa la regule la supervisión estatal. Así empezaron los regímenes autoritarios: controlando la conversación pública, atacando y desacreditando a la prensa crítica, imponiendo lineamientos y autorizándose facultades para definir qué sí y qué no se puede decir, qué sí y qué no es verdad.

La libertad de expresión es la madre de todas las libertades. Sin ella, no hay otras. Y no es concesión de un gobierno, sino derecho de una sociedad. Más aún: es condición indispensable en cualquier democracia. Ningún gobierno que se diga democrático tendría que endosarse facultades de censor, ni erigirse como instrumento que califica y sanciona.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

COLABORADOR

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