El sistema educativo en México ha sido objeto de numerosas reformas a lo largo de las últimas décadas, reflejando tanto avances significativos como retrocesos preocupantes. Recientemente, el gobierno de México ha planteado una serie de reformas administrativas que podrían tener profundas implicaciones para la educación en el país. Entre estos cambios destacan la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación y la modificación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

La propuesta de desaparecer MEJOREDU y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación plantea serios riesgos en términos de centralización de la información educativa y la transparencia de los datos. Actualmente, MEJOREDU desempeña un papel – totalmente debatible – en la evaluación y mejora continua de la educación en México. Sin embargo, la desaparición de esta comisión implicaría que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asuma la totalidad de estas funciones, actuando como juez y parte de los datos educativos del país.

La centralización de la información, como ya sabemos, podría llevarnos a un manejo menos transparente y más politizado de los datos educativos. En un contexto donde la evidencia real y objetiva es esencial para la formulación de políticas educativas efectivas, la concentración del poder evaluativo en una sola entidad puede resultar en decisiones basadas más en intereses políticos que en visibilizar y atender necesidades educativas reales. La SEP, al ser un organismo gubernamental, está sujeta a las presiones y agendas políticas del gobierno en turno, lo cual puede comprometer la objetividad y la imparcialidad en la evaluación del sistema educativo.

La concentración de funciones evaluativas en la SEP podría derivar en la priorización de decisiones políticas sobre la evidencia puntual. En lugar de basarse en datos objetivos y análisis rigurosos, las políticas educativas podrían responder a las necesidades inmediatas del gobierno, como ganar apoyo electoral o “cumplir” promesas políticas. Esto podría resultar en un ciclo de reformas superficiales y de corto plazo, en lugar de soluciones sostenibles y basadas en la evidencia que realmente aborden los desafíos estructurales del sistema educativo mexicano.

Otra modificación propuesta es en la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (USICAMM), otorgando mayor injerencia al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en los procesos de admisión, reconocimiento y promoción docente. Este cambio representa un retroceso de quince años en términos de profesionalización en el sistema educativo.

A pesar de las fallas operativas en la USICAMM, esta entidad ha trabajado para establecer procesos claros y transparentes para la selección y promoción de los docentes. La mayor injerencia de actores externos ya conocidos,  podría significar un regreso a prácticas anteriores, donde los intereses corporativos predominaban sobre los criterios de capacidad y profesionalismo. Esto podría desmotivar a los docentes comprometidos con su labor, al ver que su progreso profesional depende más de su afiliación sindical que de su desempeño y habilidades.

La calidad de la educación depende en gran medida de la calidad de los docentes. Si los procesos de selección y promoción se ven influenciados por consideraciones políticas y sindicales, es muy probable que la calidad educativa vuelva a ser afectada negativamente. Los docentes podrían sentirse menos incentivados a mejorar sus habilidades y conocimientos si perciben que estos esfuerzos no se reflejan en su desarrollo profesional. Además, los estudiantes serían los más perjudicados, al recibir una educación de menor calidad impartida por docentes seleccionados bajo criterios menos rigurosos.

Las reformas administrativas educativas propuestas por el gobierno federal presentan serios riesgos para la calidad y equidad del sistema educativo. La desaparición de MEJOREDU y la centralización de funciones evaluativas en la SEP pueden resultar en una mayor politización de las decisiones educativas, mientras que la modificación de la USICAMM y la mayor injerencia del SNTE representan un retroceso en la profesionalización docente. Hoy necesitamos caminar hacia un horizonte cada vez más descentralizado, donde las escuelas transiten a la autonomía con el acompañamiento de las autoridades. Concentrar más poder, solo nos conduce a la autodestrucción, al amiguismo y a fomentar, aún más, la corrupción y la impunidad.

Es crucial que estas reformas se reconsideren y que se adopten enfoques basados en la evidencia y centrados en las necesidades reales de los estudiantes y docentes. Solo así se podrá construir un sistema educativo más justo, equitativo y de alta calidad, capaz de preparar a las nuevas generaciones. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier nación, y México no puede permitirse retroceder en los avances logrados hasta ahora.

* Profesor | Activista por el Derecho a Aprender en SLP

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