Decir que la reforma judicial en México ha causado agitación dentro y fuera del país no es ningún secreto. Y que muchas de las protestas contra la reforma procedan de inversionistas de Estados Unidos tampoco debe sorprender. Después de todo, es un hecho que pésele a quien le pese son dos países interdependientes, y lo que pase en Estados Unidos tiene impacto en México y lo que ocurra en México resuena de igual forma en Estados Unidos. "Somos vecinos, pero ¿podemos ser también socios y amigos?", se preguntó Eric Farnsworth, vicepresidente del centro de análisis Council of the Americas/Americas Society en Washington, al presentar recientemente una conferencia en torno al impacto de las elecciones en México. La pregunta es válida en tanto que refleja una posición que tiene cada vez mayor eco en Estados Unidos y asoma en señalamientos de grupos empresariales, legisladores y se discute entre funcionarios. Para los estadounidenses, México es un tema de seguridad nacional, y de ninguna manera desearían verlo desestabilizado, tanto por su posible impacto en presiones migratorias como por su posible efecto económico: más de cinco millones de empleos dependen del comercio con México. Y Estados Unidos es una cuestión de seguridad nacional para México, aunque algunos no quieran creerlo. Pero ahora algunos tienen dudas, o por lo menos las expresan. En las últimas dos semanas han habido al menos tres cartas de legisladores estadounidenses a funcionarios de su gobierno para expresar preocupación. El martes pasado, los representantes (diputados) Greg Stanton (demócrata por Arizona) y María Elvira Salazar (republicana por Florida) presentaron una propuesta de resolución en la que advierten sobre el “impacto negativo a largo plazo en las instituciones democráticas de México, la separación de poderes, la independencia y transparencia judiciales y la seguridad, al tiempo que socava su sistema electoral, la Guardia Nacional y las agencias de supervisión”. No sería de mayor importancia, sino porque subraya la desconfianza ideológica de empresas y legisladores estadounidenses en un poder judicial que no sea independiente y en agencias regulatorias sujetas a la autoridad del Ejecutivo. Las preocupaciones pueden o no ser ciertas. Después de todo, Estados Unidos se encuentra en temporada electoral, un período de tiempo que muchos ahí definen como "la estación tonta", por algunas de las cosas que se dicen y se hacen. Pero a la sombra de loqueras y tonterías electoreras, hay partes serias y un núcleo sólido de funcionarios de carrera, académicos y analistas que dan seguimiento a muchos temas políticos y económicos en beneficio del siguiente gobierno. Y uno de ellos es la evolución de la reforma, que a decir de algunos es contraria en espíritu al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), y puede abrir la puerta no a una revisión, sino una renegociación del acuerdo, pues dejaría fuera del mismo a importantes sectores de la economía mexicana, de energía a agricultura. POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS