Lo que comenzó como un sainete entre los gobiernos de México y Ecuador, a raíz de unas declaraciones poco afortunadas del presidente López Obrador y de una reacción exagerada del gobierno del presidente ecuatoriano Noboa, ha derivado en una de las mayores crisis diplomáticas que haya enfrentado México en tiempos recientes. Esto apuntaba para a ser uno más de los desencuentros retóricos tan de moda en Latinoamérica: escaló rápidamente:ante la expulsión de nuestra embajadora en Ecuador, el gobierno mexicano anunció su decisión de otorgar asilo político al ex vicepresidente Jorge Glas, refugiado desde diciembre en la embajada. Y ahí las cosas se salieron de toda proporción, por el asalto a la sede diplomática mexicana por las fuerzas de seguridad ecuatorianas, en franca violación de las Convenciones de Viena y de Caracas, que dictan -la primera- la inviolabilidad de los recintos diplomáticos y -la segunda- las reglas para determinar el asilo político. La reacción mexicana no se hizo esperar y fue la adecuada dada la agresión sufrida: el rompimiento inmediato de relaciones diplomáticas y el anuncio de presentar las demandas conducentes ante organismos internacionales. Hago aquí un paréntesis para señalar dos cosas: primero, que Ecuador tenía múltiples opciones y recursos para responder a las declaraciones del presidente de México (una nota de protesta, un llamado a la embajadora de México en Quito para quejarse formalmente, llamar a su embajador en México a consultas, por solo mencionar las obvias). En segundo lugar, que independientemente del estatus de quien solicita asilo, corresponde al gobierno asilante determinar si procede o no, y que bajo ninguna circunstancia está permitido el ingreso por la fuerza a una embajada extranjera. De nuevo, a Ecuador le quedaban muchas opciones legales para oponerse al asilo o para solicitar la extradición. En ambos casos, el gobierno de Noboa optó por lo más extremo y lo absolutamente ilegal. (Quien desee más contexto puede referirse al artículo 22 de la Convención de Viena y a los artículos 3 y 4 de la de Caracas, que hablan por sí solos). La condena internacional no se ha hecho esperar: desde la ONU, la OEA y la Unión Europea hasta EEUU, Canadá, Brasil, Colombia, Chile y Argentina (sí, el gobierno de Milei) han manifestado su repudio al acto violatorio del derecho internacional. Curiosamente, algunas voces en México han querido justificar la conducta ecuatoriana, más para tratar de golpear a AMLO que por otra cosa. ¿Qué sigue? El escándalo internacional e interno tendrá repercusiones en ambos países, debilitando a Noboa, quien no tiene mayoría en el legislativo, y fortaleciendo a López Obrador, quien queda como el agraviado en este pleito. Más allá, y pensando en el futuro, sería buen momento para reflexionar acerca de los costos y los riesgos de querer hacer política exterior desde las “mañaneras” o desde los micrófonos, y regresar a los tiempos en que la Cancillería tenía el lugar y el peso específico que merece y le corresponde. POR GABRIEL GUERRA CASTELLANOS

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