Los anteriores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que terminaron sus funciones el 31 de agosto del año pasado, se llevaron cuatro camionetas blindadas tipo Suburban, acusaron los ministros Hugo Aguilar Ortiz y Arístides Guerrero García en conferencia de prensa.

El máximo tribunal convocó a rueda de prensa para dar informar sobre el destino de las nueve camionetas blindadas adquiridas para el nuevo Pleno que, tras la polémica, determinó no utilizarlas.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz afirmó que se tuvieron que adquirir los nuevos vehículos debido a que la anterior integración de la Suprema Corte decidió llevarse cuatro camionetas Suburban.

"Recibimos a la hora de tomar posesión 39 vehículos, toda vez que cuatro vehículos fueron adquiridos por la anterior integración, obviamente vehículos que estaban en mejores condiciones. La anterior integración tomó el acuerdo en el pleno que, como parte de su haber de retiro, podían llevarse los vehículos que tenían asignados mediante compra", informó el ministro presidente.

En una intervención aparte, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero aseguró que sus antecesores decidieron llevarse también obras de arte y cuestionó en qué trabajo se permite que alguien se pueda llevar un automóvil a menor precio que el de mercado.

"Las y los ministros de la SCJN de la anterior integración no solamente se llevaron obras de arte, sino que además se llevaron las cuatro camionetas que había adquirido la Suprema Corte", afirmó el ministro.

Asimismo, indicó que la decisión fue tomada por el pleno anterior de la Suprema Corte mediante una propuesta impulsada por la entonces ministra presidenta Norma Piña Hernández.

Sin embargo, Guerrero García no quiso dar detalles de los ministros en retiro que obtuvieron el beneficio de comprar las camionetas que tenían asignadas y pidió esperar a las auditorias que se están realizando a la anterior gestión.

Por su parte, el ministro presidente Hugo Aguilar aclaró que los vehículos "no fueron robados", sino que se trata de un procedimiento de desincorporación que contempla el reglamento del Poder Judicial de la Federación.

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Con información de Latinus