Por unanimidad de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer cuatro recursos de revisión extraordinaria, para analizar manera excepcional una sentencia de un Tribunal Colegiado para la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia en el Caso Ayotzinapa.

En la sesión de este martes se resolvió la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (DEFA) 331/2026, formulada por la presidenta Claudia Sheinbaun, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para conocer el “recurso de revisión extraordinario” sobre cuatro expedientes del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

“En una sentencia dictada en un juicio amparo en el que se reclamó un auto de formal prisión por el delito de desaparición forzada de personas, ¿es válido que también ordene la creación de una comisión de la verdad como mecanismo extraordinario de investigación o ello vulnera los principios de relatividad y división de poderes?”, es planteamiento que tendrá que resolver la Corte.

La revisión solicitada está relacionada con la sentencia del Tribunal Colegiado de Apelación de Tamaulipas, que emitió la orden para que la Fiscalía General de la República (FGR), padres, familiares y representantes de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos designen a sus representantes ante esa Comisión de la Verdad.

La impugnación presentada por Presidencia, permite reabrir el caso, de manera excepcional, ante una sentencia de amparo que quedó firme, cuando se considera que una de las partes involucradas no fue debidamente emplazada y, ante eso, se afectaron sus derechos.

En este caso, la FGR impugnó la creación de la Comisión con el argumento de que podría interferir el trabajo de la Unidad Especial creada por el organismo autónomo para investigar los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Al inicio de la discusión de la SEFA 331/2026, se excusó de participar la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, al argumentar estar impedida por ley, debido a que ocupó la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, encarga de las investigaciones.

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Con información de Excélsior