Con la elección de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial salvó no uno sino dos peligros, ¿cuáles son? Con la elección de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial salvó no uno sino dos peligros: que lo encabezara una presunta delincuente –el plagio es tipificado como delito en el Código Penal Federal; que prescriba no lo hace más legal ni más moral, nomás menos penado– pero también una muy posible pérdida de autonomía. La ministra Yasmín Esquivel era la ostensible candidata del Ejecutivo a la Presidencia de la Corte, en virtud no sólo de la admisión más o menos confesa del presidente de la República sino de sus vínculos personales con él: esposa de su amigo y proveedor, defensora a ultranza de su hermano corrupto. La acusación de plagio sirvió para atajar las posibilidades de Esquivel pero no para resolver el problema de fondo: el potencial conflicto de interés de cualquier ministro de la Corte en un sistema en que todos le deben en alguna medida la chamba al presidente –éste u otro, pasado o futuro– pues, si bien son designados por el Senado, lo son a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo. Ese método para su designación es distinto al de otros en el ámbito público mexicano: los comisionados del INAI son también nombrados por el Senado pero a propuesta de los grupos parlamentarios, “previa realización de una amplia consulta a la sociedad” mandatada en la Constitución; los consejeros del INE son electos por la Cámara de Diputados pero a partir de propuestas de un comité técnico de evaluación integrado por siete personas: tres nombradas por su Junta de Coordinación Política, dos por la CNDH y dos por el INAI; en cuanto a los magistrados del Tribunal Electoral, otra vez corresponde al Senado su elección pero las propuestas no vienen del Ejecutivo sino de la SCJN. Cierto es que otros Poderes Judiciales en el mundo tienen métodos de elección similares al mexicano, en los que los integrantes son nominados por el presidente. Basta, sin embargo, voltear a un régimen no presidencialista para identificar otros caminos, acaso mejores. Los jueces de la Suprema Corte del Reino Unido son nominalmente designados por la Corona a partir del consejo del Primer Ministro. Ese consejo, sin embargo, deriva de la recomendación de una comisión especial de selección, integrada por el presidente de la Corte, un juez distinguido ajeno a ella y una representación de las Comisiones de Nombramientos Judiciales de cada una de las naciones que integran el reino, constituidas a su vez por concurso abierto. Lo que es más, el Primer Ministro está mandatado por ley a observar esa recomendación. Lo sé: no es esta Legislatura –una con carro completo– aquella en que una iniciativa de ese tipo podría prosperar. Vale la pena, sin embargo, tener la discusión, si no para limitar esta tentación autoritaria sí las futuras, que no faltarán. POR NICOLÁS ALVARADO

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