El Programa Anual de Auditorías se amplió para alcanzar a otros trece organismos descentralizados y varias dependencias que cuentan con recursos estatales, incluyendo los sindicatos de burócratas, lo que se busca en las auditorías no es hacer una “cacería de brujas”, sino lograr que los recursos se apliquen de manera efectiva y transparente, comentó el diputado del Congreso del Estado, Edmundo Torrescano Medina. La Auditoría Superior del Estado (ASE), ampliará sus auditorías a organismos descentralizados y por primera vez fiscalizará a los sindicatos de burócratas. En este sentido, Torrescano Medina señaló que el Programa Anual de Auditorías especifica cuáles son las dependencias que se auditarán, sin que sea limitante para que alguna otra dependencia se agregue por un requerimiento de la Comisión de Vigilancia o alguna denuncia que se presente. El diputado, miembro de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, detalló que los trece organismos descentralizados que se incluirán dentro de las auditorías son: Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado, Instituto Potosino de la Juventud, Instituto de las Mujeres, Instituto de la Vivienda, el Instituto Estatal para Adultos, Instituto Temazcalli, Tecnológico Superior de Río Verde y el de Tamazunchale, el Centro de Convenciones, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, la Cineteca Alameda, Promotora de Estado y la Universidad Tecnológica Metropolitana.  Agregó que en San Luis Potosí, “nos falta mucho en el tema de transparencia” y esquemas de auditoría y fiscalización es importante que se realicen en todas las dependencias para generar en las y los potosinos la certeza y transparencia necesarias en el correcto manejo de los recursos y quienes no lo hagan puedan ser sancionados con la ley. “Sancionar es también una responsabilidad que le toca emprender a la auditoría, para que después vayan a los órganos internos de control, a la justicia administrativa o a la propia Fiscalía”, señaló. Explicó que la auditoría se aplicará sólo a las aportaciones que reciben las dependencias por parte del Estado y no será aplicable a las aportaciones que reciben con carácter particular o de manera privada. “Lo que se necesita es que la ciudadanía sepa que su dinero se maneja bien”.