Aunque tiene dos iniciativas presidenciales sin tocar desde el 23 de junio, el Senado decidió meter turbo para aprobar la reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión legislar en contra de la extorsión, pues las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos fueron citadas este miércoles para avalar en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados.

La reforma incluye en su régimen transitorio que “el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia a la que se refiere este Decreto, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

“Las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la ley general de la materia. En el régimen transitorio de dicha ley se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes”, ordena.

De acuerdo con información del morenista Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, a enero de 25 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento de 58% en tan sólo seis años.

“Las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades del delito de extorsión. Del mismo, la extorsión presencial es la del cobro de piso, deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña está siempre presionada por el delito de cobro de piso.

“El telefónico, como sabemos, que es más o menos posible que se pueda contener, es el que se hace, principalmente, desde los centros penitenciarios”, resaltó.

RECURRENCIA

Consideró que “enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo no como una conducta menor, que únicamente afecta la seguridad personal, sino también de manera cada vez más recurrente al patrimonio y a la esfera psicológica y emocional, entre otros bienes jurídicos”.

El pasado 6 de julio el gobierno federal puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que incluye una mayor y mejor coordinación interinstitucional entre las dependencias vinculadas a la atención de este delito, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, a fin de facilitar el intercambio de información con las autoridades locales que también harán lo propio en la esfera de su competencia.

Además de esta reforma constitucional, que permitirá una ley general contra su combate, se tendrá una homologación de las penas en todas las entidades federativas, que permita unificar criterios de justa punibilidad y que nos ayude a combatir realmente este delito.

 La Estrategia Nacional contra la Extorsión se sustenta en cinco ejes principales, según el gobierno federal.

·      Generar detenciones a través de la investigación e inteligencia.

·      Fomentar la creación de Unidades Antiextorsión en las fiscalías locales.

·      Aplicar un protocolo de atención especializado a las víctimas.

·      Capacitar a los operadores del número de denuncia 089 en manejo de crisis y negociación.

·      Implementar una campaña nacional de prevención para educar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante este delito.

Acción coordinada

Un componente clave de esta estrategia es la reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de extorsión.

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Esta iniciativa tiene como objetivo unificar los criterios del tipo penal y las sanciones en todo el país, lo que permitirá una política criminal más coordinada y efectiva, ya que el delito de extorsión es considerado del fuero común y su tipificación puede variar entre las 32 entidades federativas.

Con información de Excélsior