El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó, por unanimidad de 106 votos de todos los grupos parlamentarios, el dictamen por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión.

La reforma establece la facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión, que sea un marco homogéneo que unifique la tipificación del delito, sus agravantes, las penas y mecanismos de atención a víctimas, en todo el país.

Con la reforma aprobada en comisiones, que pasará al Pleno del Senado la próxima semana, el combate al delito de extorsión ya no dependerá de los gobiernos estatales, sino del ámbito federal, a fin de acabar con los vacíos que favorecen a la impunidad.

De tal suerte, se expone en el dictamen, que al homologar las sanciones se reducirá la incertidumbre y se dará paso a la certeza y al fortalecimiento del Estado de derecho, con la persecución y sanción del delito, además de que habría progresividad de los derechos humanos, lo que garantizará la justicia y la prevención.

El documento refiere que es necesaria una estrategia basada en cinco ejes operativos y preventivos: generar detenciones prioritarias a través de procesos de investigación; fomentar la creación de unidades antiextorsión locales.

Asimismo, aplicar protocolos para la atención temprana a las víctimas; la investigación a cargo de la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión; así como la implementación de campañas a nivel nacional.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, remitió el dictamen aprobado en el Pleno a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su consideración.

Esta reforma, asentó Castillo Juárez, es parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y representa un paso firme para combatir uno de los delitos que más afecta a las familias mexicanas.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que esta reforma unificará criterios, cerrará vacíos legales y protegerá de manera integral a la sociedad, al fortalecer la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el delito.

Cantón Zetina afirmó que la reforma se debe a que la extorsión la padece todo México, pues es un ilícito que requiere de toda la atención por sus múltiples modalidades y por la disparidad en las legislaciones estatales, que han permitido que esta práctica se expanda como una “sombra letal”.

La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña, indicó que la extorsión no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo que lacera hogares, negocios, instituciones y comunidades completas, ya que se ha convertido en una de las principales acciones ilegales que utiliza el crimen organizado para financiar sus actividades ilícitas.

Del PRI, Carolina Viggiano Austria, asentó que debido a la gran impunidad que hay en el país, es que los ciudadanos no se animan a denunciar la extorsión, pues en las comunidades hay “cobro de piso” de manera directa en los negocios.

Destacó que esta reforma beneficia a los mexicanos, y consideró indispensable homologar las sanciones y la uniformidad de las agravantes en el Código Penal Federal con el de las entidades para tener una estrategia unificada y un tipo penal.

Por el PAN, Verónica Rodríguez Hernández, dijo que la extorsión es una realidad que ha azotado al país, pues el primer semestre del año se registraron cinco mil 887 víctimas de este delito de acuerdo con el monitor de seguridad de la Coparmex.

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Por ello, agregó, el PAN respalda que el Congreso homologue la regulación, sin embargo, expresa que legislar no lo resuelve todo, por lo que es indispensable una estrategia eficaz.

Con información de Excélsior