Dos senadores estadunidenses presentaron un proyecto de ley que pide sanciones "por terrorismo" contra la senadora electa colombiana Piedad Córdoba, por considerarla "afiliada" a la extinta guerrilla de las FARC, informó uno de ellos este viernes. Córdoba fue elegida senadora en marzo con el aval del Pacto Histórico, la coalición de izquierda del presidente electo Gustavo Petro, pero en abril él le pidió suspender su participación en ella hasta que resuelva los casos judiciales en los que está envuelta. El proyecto de ley elaborado por Marco Rubio y Ted Cruz, dos conocidos senadores republicanos, contempla "sanciones por terrorismo a siete personas afiliadas al grupo" de las FARC, afirma Rubio en un comunicado.

Córdoba no asistió a su posesión como senadora el pasado 20 de julio por estar hospitalizada, pero anunció que tomará juramento y asumirá funciones cuando reciba el alta médica. Además de ella, figuran en la lista la senadora Sandra Ramírez Lobo Silva (alias Sandra Ramírez) y Guillermo Enrique Torres Cueter (alias Julián Conrado), alcalde de una población del Caribe. Ambos formaron parte de las FARC en su día. Los cuatro restantes son Rodrigo Granda (alias Gallopinto), que formó parte de la cúpula de las FARC, y los también exguerrilleros José Benito Cabrera Cuevas (alias Fabián Ramírez), Erasmo Traslavina Benavides (alias Jimmy Guerrero) y Emiro Ropero (alias Rubén Zamora). Los senadores estadunidenses llaman en el proyecto de ley a "volver a imponer sanciones por terrorismo" a las FARC y a designarlas de nuevo como una "organización terrorista". El gobierno del presidente demócrata Joe Biden sacó en noviembre pasado a las FARC de su lista negra en un intento por "apoyar mejor" la implementación del acuerdo de paz sellado hace cinco años, después de seis décadas de conflicto con el Estado colombiano. Con su decisión, el gobierno de Biden "no solo le fallaron a la comunidad colombo-americana, sino que también dieron un paso en retroceso para la seguridad de nuestra región", acusa Rubio en un comunicado en español. El antiguo grupo rebelde marxista sigue arrastrando la etiqueta de organización terrorista pese a haberse transformado en el partido político Comunes. Actualmente las llamadas disidencias de las FARC, creadas por cabecillas que se marginaron del acuerdo de paz de 2016, suman unos 5.200 militantes sin un mando unificado, y según la ONG Indepaz se financian principalmente del tráfico de drogas y la explotación ilegal de oro y otros minerales. La mayoría (85%) son nuevos reclutas que nunca estuvieron en la extinta organización rebelde, según la misma fuente.

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Con información de Excélsior