El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro tiene la obligación de revisar cada caso que ingrese a los juzgados familiares y es él el que determina las convivencias familiares que se autorizan en la entidad, no la Federación, informó María de los Ángeles Pérez, abogada de la colectiva Feminismo para Todas.  “En cuanto a convivencias familiares, la responsabilidad de analizar caso a caso recae directamente en cada juzgado. Entonces, cada juzgado tiene, no solo la facultad, sino la obligación de analizar la idoneidad de éstas convivencias y eso es algo que no sucede”, declaró la abogada.  Su comentario es en respuesta a la declaración del magistrado presidente Braulio Guerra, quien recientemente afirmó que en muchos de los casos, las convivencias son autorizadas debido a que una de las partes interpuso un amparo federal, lo que obliga al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Querétaro (Cecofam) a autorizar la interacción entre los menores de edad y uno de sus padres, aunque cuenten con un proceso de investigación por abuso sexual o violencia.  “Si hay amparos en contra de estas resoluciones o en contra de, ya sea que haya o no convivencias, al final del día la autoridad responsable es el tribunal, es el juzgado de lo familiar”, agregó.  Por su parte, Diana Chávez, vocera de la colectiva, precisó que la postura del magistrado era una incongruencia, ya que cuentan con el registro de casos en donde la dependencia ha invalidado el análisis profesional de psicólogas solo por no ser “verdaderamente testigos” de los hechos.  Por otro lado, la colectiva precisó que a la fecha cuenta con 20 casos activos (dos de abuso sexual y uno con recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos) en el que se ha establecido la convivencia obligatoria con pares que cuentan con un proceso ante los juzgados familiares; aunque precisaron que de 2019 a la fecha han detectado más de 30 casos en la entidad.