La educación en México atraviesa un periodo de profundas transformaciones que, lejos de garantizar mejoras sustanciales, parecen más bien encaminarse hacia la consolidación de un sistema opaco y politizado. Las recientes decisiones del gobierno federal en relación con la estructura institucional y la gestión educativa presentan señales alarmantes que sugieren un retroceso en el acceso a la información pública, el fortalecimiento de la justicia y en los aprendizajes de niños y jóvenes. Uno de los principios básicos de cualquier democracia es el acceso a la información pública. Sin embargo, la reciente eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representa un grave retroceso en la construcción de un gobierno transparente y accesible. El INAI, cuya función era garantizar que la información pública estuviera al alcance de todos, se había convertido en una herramienta esencial para la rendición de cuentas. Su desaparición no solo limita la capacidad de la ciudadanía para monitorear las acciones del gobierno, sino que también coloca una cortina de humo sobre decisiones que afectan de manera directa al sistema educativo. Sin la capacidad de acceder fácilmente a información crucial, el riesgo de opacidad en la toma de decisiones y en la implementación de políticas educativas se incrementa, afectando negativamente a estudiantes, docentes y al sistema en su conjunto. En paralelo, los cambios en el sistema de justicia que el actual gobierno ha impulsado, modificando las reglas del juego en favor de sus propios intereses, refuerzan una tendencia autoritaria que mina las bases del estado de derecho. La educación, como pilar fundamental del desarrollo social, se ve directamente afectada por un sistema de justicia debilitado. La ausencia de mecanismos de contrapeso y el aumento de la centralización del poder en materia educativa limitan la capacidad de las instituciones educativas y de la sociedad civil para defender los derechos de los docentes y estudiantes. El desmantelamiento de la separación de poderes y la creciente influencia política en decisiones judiciales relacionadas con la educación son un indicio de un sistema que privilegia el control por encima del desarrollo equitativo y justo de la sociedad. La desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es otro golpe severo a la transparencia y la rendición de cuentas. El CONEVAL se encargaba de medir el impacto de las políticas públicas en el desarrollo social, incluyendo la educación. Con su eliminación, se pierde una fuente crucial de datos objetivos que permitían evaluar el progreso y las deficiencias del sistema educativo. Esta opacidad en la medición del desarrollo social no solo distorsiona la realidad sobre los avances en materia educativa, sino que también facilita la manipulación de cifras para pintar un panorama favorable a los intereses del gobierno, alejando cada vez más la educación de la realidad y de las necesidades de la población. La sola eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) – sin nada que la sustituya – representa un paso atrás en la profesionalización del magisterio. Esta unidad había sido diseñada para establecer criterios objetivos y transparentes para el ingreso, promoción y reconocimiento de los docentes, basados en el mérito y la capacidad profesional. Con su desaparición, se abre la puerta a la discrecionalidad y a la politización de los procesos de selección y ascenso docente, lo que significa menor calidad educativa e incrementar la inequidad en el acceso a oportunidades dentro del sistema educativo. Esta medida, además, envía un mensaje contradictorio sobre la importancia de la profesionalización docente en un contexto donde se demanda, más que nunca, una educación emancipadora y democrática. La reubicación de funciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), con la intención de concentrar aún más poder en manos del gobierno federal, es una señal preocupante de la intención de convertirse en juez y parte en la evaluación educativa. La MEJOREDU había sido concebida como un órgano autónomo capaz de evaluar y proponer mejoras al sistema educativo. Sin embargo, aunque esto no ocurrió, con la centralización de sus funciones, se debilita su capacidad crítica y se convierte en un instrumento más del poder ejecutivo, lo que compromete la objetividad en la evaluación del sistema educativo y el diseño de políticas educativas basadas en evidencias y no en conveniencias políticas. Finalmente, el nombramiento de Mario Delgado como Secretario de Educación representa la cúspide de la politización del sector educativo. Con una trayectoria claramente alineada con los intereses del partido en el poder, su designación refuerza la idea de que la educación ha dejado de ser un espacio de desarrollo y equidad para convertirse en un campo de batalla político. La radicalización del puesto en la Secretaría de Educación plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema para mantenerse al margen de intereses partidistas y centrarse en su verdadera misión: garantizar una educación de calidad para todos los mexicanos. Con cada una de estas decisiones, el gobierno mexicano parece estar jugando una partida en la que la educación, en lugar de ser la prioridad, se ha convertido en una pieza más del tablero político. Y mientras las piezas se mueven al antojo de quienes detentan el poder, la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién está realmente ganando en este juego? Porque si el objetivo es construir un sistema educativo robusto, equitativo y transparente, las señales actuales nos indican que vamos en la dirección equivocada. Al final del día, parece que estamos asistiendo a una partida en la que el ganador ya está predeterminado, y el único perdedor es el futuro de los niños y jóvenes. * Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

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