En San Luis Potosí, el 39.8 por ciento de los sentenciados no contó con la asesoría de un abogado antes de llegar con un juez de lo penal. La brecha es aún mayor en el caso de las mujeres (40%), que en el de los hombres (35%); y todavía más profunda en el caso de las personas mayores de 50 años, ya que el 42.6 por ciento se reconoció en dicha situación, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). Pero contar con asesoría legal tampoco garantiza que el proceso penal se pueda enfrentar sin adversidades, ya que según la encuesta del Inegi, sólo el 31 por ciento de la población que ya recibió una sentencia tuvo la posibilidad de contratar a un abogado privado, mientras que el 40 por ciento llevó su defensa con un abogado de oficio; en ambas situaciones, los abogados generaron insatisfacción entre sus representados por su desempeño. Una de las quejas recurrentes entre las personas privadas de su libertad con respecto a sus abogados, es que, durante el proceso penal para el 46 por ciento de los sentenciados, su abogado o abogada utilizó un lenguaje confuso para explicarle los detalles de su caso. Por otro lado, sólo 26 por ciento de la población privada de la libertad, que ya tiene sentencia, optó por un procedimiento abreviado o juicio sumario; y del total, el 38 por ciento declararon haber enfrentado coerción para aceptarlo. En el 65 por ciento de los casos, fue el o la abogada defensora quien ejerció dicha coerción; seguido del Ministerio Público, en el 32 por ciento de los casos; y el juez, casi en el 16 por ciento de los casos.