Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que culminará en próximos días, hubo falta de recursos, tanto económicos como técnicos, para la protección de las Áreas Naturales Protegidas de la Sierra de San Miguelito y la Sierra de Álvarez, la política de austeridad debilitó las capacidades de instituciones como la Conanp y la Profepa, “afectando gravemente el monitoreo y la protección activa de estas zonas”, indicó Luis González Lozano, director de la asociación civil Cambio de Ruta. El experto ambientalista refirió que durante el sexenio de AMLO, la protección de la Sierra de San Miguelito y la Sierra de Álvarez han enfrentado deficiencias estructurales como la falta de recursos, tanto financieros como humanos, “afectando la capacidad de monitoreo y vigilancia efectiva de estas zonas”. Además, instituciones como La Conanp, “ha operado bajo restricciones presupuestarias severas que han comprometido la implementación de programas de manejo y conservación”. Puntualizó que la falta de voluntad política por parte de la 4T ha sido evidente en la insuficiencia de acciones contundentes para frenar los impactos ambientales, por lo que las acciones concretas para salvaguardar estas áreas críticas “han sido mínimas, cuando no inexistentes”. “Fue una burla por parte de la 4T, sólo se destinó para el cuidado de las ANP de todo México un promedio de $10.00 por cada hectárea. En la 4T tienen un claro desprecio por el cuidado del medioambiente”, manifestó. Agregó que el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna de la Sierra de San Miguelito, publicado en junio de este año, debería ser clave para regular las actividades en esta zona, garantizar la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que la sierra ofrece a la región como la recarga de acuíferos y la prevención de inundaciones. Sin embargo, no ha sido así, “un decreto no hace magia ni cambia realidades”. Explicó que el programa establece una zonificación y su zonificación que incluye áreas de uso restringido donde se prohíbe la mayoría de las actividades humanas, salvo aquellas relacionadas con la investigación y la educación ambiental. Además, establece las regulaciones necesarias para proteger especies en peligro de extinción y sus hábitats, sin embargo, a sobrerregulación y la falta de presupuesto económico representa un problema; “la verdadera eficacia de este programa se encuentra en un estado incierto”. “Aunque el programa establece regulaciones detalladas, su eficacia dependerá de la capacidad de vigilancia y ejecución por parte de las autoridades, históricamente ha habido dificultades para garantizar el cumplimiento efectivo en áreas naturales protegidas en México”, indicó. Finalmente externó que la falta de acuerdos entre interesados y la presión inmobiliaria “sigue siendo una amenaza considerable” para las ANP´S porque los proyectos residenciales podrían fragmentar los ecosistemas, y viceversa, porque se excluye de su aplicación a predios con suspensiones en materia de amparo o que hayan obtenido sentencias firmes en su favor.

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“A nivel estatal y municipal (en SLP) la coordinación interinstitucional con la federación ha sido insuficiente. A esto se suma la falta de un plan integral y de largo plazo para la preservación de estas zonas, donde el enfoque ha sido más reactivo que preventivo, dejando a la biodiversidad vulnerable ante diversas presiones”, concluyó.