El país tiene un peligroso déficit de procuración de justicia, que en los estados no hace más que enfatizar la gravedad de acceso a una justicia pronta y expedita, parte de la problemática es la falta de recursos y de personal, y es en este último, en donde se tiene una gran debilidad.

De acuerdo a México Evalúa, San Luis Potosí se encuentra por encima de la media en efectivos del ministerio público nacional, debido a que la media nacional es de 3.9 por cada 100,000 habitantes y el estado se encuentra con un 4.3. En el rubro de policías ministeriales o investigadores por cada 100,000 habitantes la media nacional es de 14.8 y el estado cuenta con 21.9. Respecto a los funcionarios especializados en peritos por cada 100,000 habitantes la media nacional es de 9.7 y el estado apenas cuenta con 4.1.  Por otro lado, el promedio de fiscales o agentes del MP por cada 100,000 habitantes es de 11.0 el estado cuenta con 9.7. El promedio de asesores jurídicos por cada 100,000 habitantes es de 1.3 a nivel nacional y San Luis Potosí cuenta con 1.7. Las gráficas de promedio de jueces por cada 100 mil habitantes es de 4.5 y el estado sólo cuenta con 2.8, mientras que en el rubro de defensores la media nacional es de 6.5 personas y el estado cuenta con 10.2. A nivel internacional el informe muestra que México cuenta con menos jueces que países de América Latina donde por cada 100 mil habitantes en Colombia hay 11.7 jueces, en Ecuador 8.9 y Costa Rica 26.4 mientras que en México hay 4.5. Uno de los principales retos que detectó la organización es la falta de un servicio profesional de carrera. “Las instituciones que presentan los mayores retos son las defensoras y las comisiones de víctimas, en las que prácticamente no se observan esfuerzos de profesionalización”.  Además, el informe menciona que para que se pueda garantizar el acceso a la justicia, es fundamental contar con un número adecuado de elementos que den celeridad a los procesos:  “El personal no solo debe estar capacitado, sino también debe integrarse en número suficiente para cubrir las necesidades de la población, la cantidad de ministerios públicos, jueces o asesores de víctimas en funciones tiene un impacto significativo en la calidad del sistema sobre todo lo que toca en la prontitud de la procuración impartición de justicia”.