San Luis Potosí suma 60 suicidios en lo que va de 2026, informó la Fiscal General del Estado, Manuela García Cázares, cifra que vuelve a poner sobre la mesa la dimensión de un problema que durante los últimos años se ha mantenido con cientos de casos anuales en la entidad. Aunque el dato proporcionado por la Fiscalía corresponde únicamente a lo que va del año y no permite compararlo directamente con los registros anuales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la estadística histórica muestra que los suicidios representan un problema persistente en San Luis Potosí. Tan solo entre 2020 y 2024 se registraron mil 308 defunciones por esta causa, un promedio de 262 casos por año. En ese periodo, el año con mayor número de registros fue 2021, con 282 casos, seguido de 2022 con 270, 2020 con 258, 2024 con 255 y 2023 con 243. La problemática continuó durante 2025. De acuerdo con datos preliminares del INEGI, ese año se registraron 273 suicidios en territorio potosino, de los cuales 223 correspondieron a hombres. La entidad registró una tasa de 9.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 6.7, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo. Al tratarse de información preliminar, las cifras pueden presentar modificaciones cuando concluya el proceso de validación estadística. Los registros también muestran una marcada diferencia por sexo. Durante el periodo 2020-2024, alrededor del 84 por ciento de las víctimas fueron hombres, mientras que en 2025 los varones representaron 223 de los 273 casos registrados de manera preliminar. El Congreso del Estado realizó el pasado 11 de septiembre la conferencia “Suicidio, el mensaje que no hemos escuchado”, con la participación de psicólogos y criminólogos, donde se abordaron factores de riesgo, señales de alerta y la importancia de una atención profesional y oportuna. De acuerdo con las estadísticas presentadas durante el encuentro, 84 por ciento de las víctimas son hombres y, dentro de este grupo, 30 por ciento tiene entre 20 y 29 años. Los especialistas señalaron además que 70 por ciento de las víctimas no cuenta con una forma primaria de atención, como seguridad social. El Poder Legislativo también ha impulsado modificaciones enfocadas específicamente en la población joven y menor de edad. En junio de este año fue aprobado un dictamen para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de incorporar acciones de prevención del suicidio, detección y atención de problemas de salud mental, así como programas de apoyo psicológico. A ello se suma una iniciativa presentada en julio para modificar la Ley de la Persona Joven y establecer programas permanentes y obligatorios de prevención del suicidio entre las juventudes, con una red de apoyo y contención emocional, líneas de atención en crisis las 24 horas, capacitación de docentes y personal administrativo para detectar conductas de riesgo e intervención comunitaria en zonas con mayor vulnerabilidad social. La problemática también alcanzó recientemente a la comunidad universitaria. El 8 de septiembre, un estudiante de 18 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Santiago González González, falleció dentro de las instalaciones de la Zona Universitaria. Días después, la Fiscalía informó que las investigaciones apuntaban a que se trató de un acto voluntario y que no se habían encontrado indicios de un delito. Ante este hecho, la UASLP informó que especialistas de la Facultad de Psicología brindaron acompañamiento a estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de Ingeniería, habilitando espacios de escucha, atención psicológica y primeros auxilios psicológicos para atender a integrantes de la comunidad universitaria durante el proceso de duelo.

La propia Facultad de Psicología realizó además, el 10 de septiembre, una Jornada de Prevención del Suicidio en la que especialistas abordaron la complejidad de la conducta suicida y la necesidad de sensibilizar a la población sobre un problema de salud pública que puede afectar a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Así, los 60 casos reportados por la Fiscalía durante 2026 representan un corte parcial del año que, por sí solo, no permite establecer si existe un incremento respecto a periodos anteriores. Sin embargo, al contrastarlo con los cientos de casos registrados anualmente por INEGI y con las acciones que han comenzado a impulsar instituciones educativas y el propio Congreso del Estado, el dato vuelve a colocar la prevención y atención de la salud mental como un tema pendiente en la agenda pública de San Luis Potosí.

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