De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) San Luis Potosí tiene algunos aspectos a resolver para que haya un mayor aprovechamiento del nearshoring, principalmente el tema hídrico y el acceso a agua potable. En el estudio titulado “Nearshoring: Oportunidad que desafía a las entidades mexicanas” se evalúan las condiciones que tiene cada estado, para poder ofrecer las mejores condiciones para la Inversión Extranjera Directa (IED), en dicho diagnóstico se califica el acceso a servicios públicos, vivienda, precios de electricidad, acceso al agua potable y el marco regulatorio que en ocasiones obstaculizan el funcionamiento de las empresas. Viviendas sin drenaje

La vivienda y sus características es una de los factores más importantes para la atracción de empresas, ya que se tiene que considerar si hay disponibilidad de casas y departamentos para que los trabajadores puedan vivir. Si bien, en San Luis Potosí hay un déficit de vivienda económica, tampoco se propicia el hacinamiento (tres o más personas por cuarto) ya que esta condición afecta a menos del 3% de las viviendas particulares, al igual que Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Guanajuato. Sin embargo, San Luis Potosí se queda corto en la disponibilidad de servicios básicos, ya que el 9% de las viviendas particulares habitadas, no cuentan con sistema de drenaje.  San Luis Potosí tiene transporte, pero no infraestructura

Otros de los valores que se evalúan es la disponibilidad de transporte público, ya que posibilita la movilidad en las ciudades y repercute en la eficiencia con que se realizan de las actividades económicas, pues vincula uno de los factores productivos (el trabajo) con los productores (empresas). San Luis Potosí ocupa el noveno lugar a nivel nacional en número de unidades disponibles, ya que hay mil unidades por cada millón de habitantes, aunque el IMCO asegura que la disponibilidad de transporte en la entidad es aceptable, también es cierto que falta infraestructura para que esas unidades se puedan mover con mayor rapidez. Uno de los estados con los mejores precios de energía eléctrica

Otro factor que el instituto evalúa es la energía eléctrica, la cual se obtiene a precios más accesibles en ciertas entidades del norte y centro del país como Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes, donde el precio por megawatt-hora es de entre 431 y 664 pesos, dichas entidades conforman el grupo donde los precios energéticos son más competitivos. El agua continúa agotándose

En disponibilidad de agua, según el IMCO se encuentra la entidad a la mitad, sin embargo, hay que considerar que la medición de esta categoría corresponde a datos del 2020. Según el instituto, en San Luis Potosí hay disponibles 10 metros cúbicos por habitante y el 2% del agua es utilizada para procesos industriales. Los estados que tienen menor cantidad de agua, tienen 7 metros cúbicos por habitante.  Marco regulatorio “positivo”

Los países y regiones que cuentan con marcos regulatorios claros e instituciones eficientes están en mejores condiciones para atraer IED, porque brindan certeza a los inversionistas. Dos de cada 10 empresas en San Luis Potosí están descontentas con el marco regulatorio de San Luis Potosí, sin embargo, la entidad no representa el mayor índice de descontento, ya que en Michoacán 8 de cada 10 empresas está descontenta con el marco regulatorio. Sólo Aguascalientes destaca a nivel Bajío

Los resultados de este estudio muestran que las entidades del centro y norte del país están mejor preparadas para atraer y retener talento e inversión, por lo que podrían sacar mayor provecho del nearshoring. En Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila, por ejemplo, hay condiciones relativamente más favorables para la localización de empresas y trabajadores, debido a que cuentan con una mayor disponibilidad de mano de obra calificada, mejores condiciones laborales (baja informalidad y altos ingresos por trabajo), mejores características de las viviendas particulares y mayor acceso a servicios básicos, así como una mayor dotación de infraestructura de transporte público, y el acceso a electricidad a precios asequibles, además de la baja percepción negativa de las empresas privadas sobre el marco regulatorio.