La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reforzó la estrategia diplomática y jurídica del Gobierno de México para exigir el esclarecimiento de la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas desde mayo de 2025 durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Las acciones forman parte de las medidas anunciadas el pasado 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de que las autoridades estadounidenses investiguen los hechos, determinen responsabilidades y garanticen la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. La Cancillería informó que el 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos remitió al Departamento de Justicia, a través del Departamento de Estado, la denuncia enviada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los 17 fallecimientos, acompañada de una solicitud formal para abrir las investigaciones correspondientes e informar sobre el avance de cada expediente. Previamente, el 13 de julio, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias ante autoridades locales estadounidenses: ocho fueron interpuestas en fiscalías estatales y doce más en fiscalías de condado. Como parte de la ofensiva diplomática, el embajador sostuvo reuniones con representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, donde expresó la preocupación del Gobierno de México por las condiciones existentes en los centros de detención, incluidos aquellos administrados por empresas privadas. Durante los encuentros, el diplomático solicitó que cada uno de los casos sea esclarecido y que las autoridades estadounidenses transparenten las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes. El secretario Roberto Velasco Álvarez, envió una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, mediante la Misión Permanente de México en Ginebra. En la carta se informó sobre los fallecimientos y se solicitó al organismo internacional analizar si los hechos son compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos, además de considerar solicitudes de información al Gobierno de Estados Unidos y emitir recomendaciones técnicas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

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  Entre las acciones se encuentran el acompañamiento jurídico, el apoyo para la repatriación de restos y las gestiones consulares que soliciten los familiares durante el proceso. -- Con información de Excélsior