La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo públicos este miércoles los documentos relacionados con la solicitud de detención con fines de extradición, enviada a México el pasado 29 abril contra 10 sujetos acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre los que figuran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y su exsecretario de Gobierno, actual senador, Enrique Inzunza, por diversos delitos relacionados con el narco. Se trata de una tarjeta informativa elaborada el 29 de abril de este año, a partir de la acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra este grupo de funcionarios y exservidores públicos. La acusación sostiene que los imputados participaron en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Además, habrían usado sus cargos públicos para proteger a líderes criminales, filtrar información policial y militar sensible, impedir arrestos, ordenar a corporaciones locales resguardar cargamentos y permitir actos violentos del cártel sin consecuencias. "Las autoridades estadounidenses aclaran que se trata de acusaciones, no condenas, y que todos los señalados son legalmente presuntos inocentes hasta probarse lo contrario" Se incluye también el “comunicado de extrañamiento” enviado a la embajada estadunidense en nuestro país este pasado 30 de abril, en el que se le expresa la preocupación del gobierno de México para atender esta solicitud tras haberse hecho pública dicha acusación por parte de la Oficina del Fiscal de Distrito con los cargos penales y los nombres de las personas sujetas a este proceso. "Lo anterior, toda vez que se considera que dichos datos -que también se encuentran plasmados en las solicitudes de detención provisional que nos ocupa- son sensibles en materia de procuración de justicia, al tener relación con una investigación penal en curso en territorio estadounidense, y con el juicio penal por el cual se busca la extradición de los reclamados, y que al violarse la confidencialidad de los mismos, esta acción pueda tener impacto en el resultado deseado de los procedimientos de extradición correspondientes". Por otra parte, añade el director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería —quien firmó el extrañamiento— se considera que con dicha divulgación, podrían verse afectados los derechos al debido proceso de las personas reclamadas en extradición. "La información contenida en una solicitud de extradición formulada por el Estado Requirente, es hecha del conocimiento de la persona fugitiva de la justicia, hasta que haya sido detenida con fines de extradición internacional e inicie formalmente el procedimiento de extradición en el Estado Requerido, en la forma y prescripción que dicten en el caso, las leyes de observancia del Estado mexicano para el desahogo del procedimiento de extradición correspondiente, pues, en ese momento se conocerá el contenido de la solicitud de extradición internacional, y será informado de los medios de defensa que pudiera acceder en el citado procedimiento" En la misiva al embajador Ronald Johnson se sugiere pedirle al Departamento de Justicia que en lo subsecuente recuerde a los fiscales de distrito el compromiso de confidencialidad de la información sensible en materia de procuración de justicia en la relación bilateral. El tercer documento hecho público es una serie de Líneas Discursivas de Apoyo para las representaciones mexicanas en el exterior, enviadas también el 30 de abril de este año, a fin de poderse referir a este asunto: "Tras las solicitudes de Estados Unidos para la detención provisional de diez ciudadanos mexicanos con fines de extradición, México ha establecido una postura clara: la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía". "La presidenta Claudia Sheinbaum fue explícita: 'No vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito... y hemos actuado en consecuencia'. Toda acción legal en México requiere pruebas claras y verificables conforme a la ley nacional" Adicionalmente se les recuerda que de acuerdo al sistema de justicia acusatorio mexicano, “ningún arresto ni acción judicial puede proceder sin pruebas sólidas, no solo alegaciones o declaraciones escritas”.

Con información de Excélsior