A raíz de las polémicas suspensiones de la reforma al Poder Judicial, fue presentada una iniciativa de manera conjunta entre diputados y senadores de Morena, busca reformar el art. 105 de la Constitución, estableciendo que ni la controversia constitucional ni la acción de inconstitucionalidad proceden contra reformas o adiciones contra la Constitución, incluyendo su proceso legislativo, además de reformar el art. 107 para que no pueda proceder el juicio de amparo contra reformas constitucionales, señaló en entrevista el presidente de la Barra de Abogados Capítulo San Luis, Jorge Chessal Palau. Actualmente, "esta prohibición está en el artículo 61 fracción primera de la ley de amparo", sin embargo, detalló que, al estar en una ley, puede ser revisado por el propio Poder judicial, por lo cual, lo que están haciendo es elevarlo a rango constitucional para que ya no pueda el Poder Judicial alegar que puede declarar inconstitucional la Ley de amparo. Detalló que en la búsqueda de que no se pueda cuestionar la convencionalidad de la Constitución, quienes están impulsando dicha iniciativa se encontraron con que en México las modificaciones que se le hagan a la Carta Magna tendrían que asegurar que no van en contra de los tratados que fueron firmados con anterioridad, por lo que se debe de respetar lo que con anterioridad ya se había acordado. "Este texto, que querían agregarlo, implicaba el incumplimiento del régimen internacional, automáticamente al haberlo incluido cualquier país hubiera podido mandarnos al diablo tranquilamente", puntualizó. Externó que la aplicación de la operación retroactiva no opera dentro de una misma reforma constitucional porque es la misma Constitución la que lo prohíbe, por lo cual, al hablar de una reforma constitucional "no habría tal retroactividad". Además, en materia procesal se debe considerar en función de expectativas de derecho y no de derechos adquiridos, por lo cual la Corte tendría que interrumpir el conocimiento de los asuntos y resolverlos en contra.

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Por otra parte, detalló que las constantes violaciones a suspensiones que han realizado diversos actores políticos generan un delito, el cual podría ser perseguido por el siguiente Congreso, pues no habrá prescrito.