La crisis financiera que atraviesan las telesecundarias en San Luis Potosí no es un accidente ni una sorpresa; es, más bien, la consecuencia lógica de una serie de decisiones políticas, sindicales y presupuestales que, durante más de una década, se tomaron sin pensar en la sostenibilidad del sistema ni en la dignidad laboral del magisterio. Lo que hoy presenciamos con adeudos acumulados, falta de pagos, y condiciones de trabajo precarias para cientos de docentes de telesecundaria, es el resultado de una fórmula ya conocida: firmar minutas que solucionan momentáneamente un conflicto para postergarlo indefinidamente, comprometiendo recursos que no existen, y delegando responsabilidades que nadie está dispuesto a asumir en el futuro inmediato.

Desde 2015, los sindicatos magisteriales en el estado —con especial énfasis en las secciones que agrupan a personal de telesecundaria— han utilizado la bandera de la homologación salarial como un mecanismo de presión y negociación política. La exigencia, válida en términos de equidad laboral, fue convertida en un instrumento electoral, donde las promesas de solución inmediata se repetían con cada cambio de administración estatal. Las minutas de acuerdo se firmaban sin sustento presupuestal, los compromisos eran celebrados como “victorias sindicales”, y las consecuencias eran transferidas, una y otra vez, a la siguiente gestión gubernamental. El resultado es un sistema endeudado, atrapado en una red de intereses políticos y sindicales que impide avanzar.

La homologación de horas en el nivel de telesecundaria fue incorporada como una prioridad en múltiples discursos y acuerdos firmados entre 2017 y 2022. Sin embargo, al revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) desde 2022, es evidente que no existió un incremento significativo ni la creación de un rubro específico que garantizara recursos para tal fin. El Gobierno Federal, en su lógica de contención del gasto educativo y recentralización del poder presupuestal, evitó comprometerse con una reforma estructural en el financiamiento del sistema de telesecundaria. Los estados, por su parte, quedaron atrapados entre la presión sindical y la omisión federal. El Gobierno de San Luis Potosí asumió, al menos en papel, parte del compromiso de pago, sin contar con la capacidad fiscal necesaria para sostenerlo. Siendo el propio gobernador quien insinuó que “esos tiempos de utilizar el presupuesto a discreción, habían terminado”.

Aquí es donde aparece un segundo problema que se ha ignorado de forma sistemática: el pago con recursos estatales de obligaciones que deberían ser federales provoca un agujero fiscal que compromete otras áreas prioritarias como los programas sociales o la infraestructura pública. De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, entre 2020 y 2023, se incrementaron las transferencias estatales a programas educativos extraordinarios en un 32%, sin que ello se traduzca en mejoras estructurales ni en avances medibles en la calidad del servicio educativo. Lo que sí ha ocurrido es que se han desplazado recursos de inversión social hacia la nómina, debilitando la capacidad del estado para atender otras necesidades.

El punto más crítico de esta situación es que se ha normalizado. Hoy, tanto los sindicatos como el gobierno estatal y federal actúan bajo la lógica de que estos adeudos son parte del sistema y que su resolución puede postergarse con promesas, reuniones “técnicas” sin resultados y la esperanza de que el siguiente ciclo electoral traiga un nuevo acuerdo —aunque sea igual de insostenible. Ahora en 2025, una vez más, se firmaron compromisos que patean el bote hasta 2027. Se repite el ciclo, mientras los docentes acumulan quincenas sin cobrar, trabajan con incertidumbre, y enfrentan un clima de desgaste emocional que repercute directamente en el aula.

Frente a este panorama, es urgente abandonar la estrategia de contención a corto plazo y comenzar a construir una visión de largo plazo basada en tres elementos esenciales: responsabilidad fiscal, planeación educativa y voluntad política. En primer lugar, es indispensable que el Gobierno Federal cumpla su palabra y asuma su papel en la resolución de esta deuda histórica. No se trata solo de transferir recursos, sino de establecer un fondo específico para la homologación de salarios en telesecundaria, condicionado a resultados y transparencia. Esto implicaría incorporar esta necesidad al PEF como un renglón prioritario y no como gasto discrecional desde la caja chica de la clave U080.

En segundo lugar, el Gobierno del Estado debe replantear su modelo de negociación sindical. No se puede seguir firmando minutas que comprometen recursos inexistentes. Se necesita una mesa técnica permanente, con participación de académicos, especialistas en finanzas públicas y representantes magisteriales, que permita construir un esquema viable de homologación progresiva, con metas claras, indicadores verificables y auditoría social.

Y finalmente, es hora de repensar el papel de los sindicatos. Su legitimidad como defensores de los derechos laborales se debilita cuando optan por el cortoplacismo político. Necesitamos organizaciones sindicales que actúen con visión de futuro, que prioricen la estabilidad del sistema educativo y no solo las oportunidades de negociación inmediata. La educación de los sectores más vulnerables no puede seguir siendo rehén de estrategias electorales ni de discursos huecos.

Lo que hoy ocurre en las telesecundarias de San Luis Potosí no es una excepción: es un síntoma de un sistema educativo atrapado en su propio laberinto burocrático y político. Pero también es una oportunidad. Si se asume con responsabilidad, si se reconoce que el problema no es solo financiero sino estructural, puede ser el inicio de una reforma real que devuelva dignidad al magisterio, estabilidad al sistema y certeza a las familias que, a pesar de todo, siguen confiando en la escuela como la herramienta más poderosa para el futuro de sus hijos.

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* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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