Los “moches” florecieron en las dos legislaturas del gobierno de Enrique Peña Nieto, gracias al Pacto por México, y en el PAN los avaló su presidente, Gustavo Madero, instrumentados por los coordinadores parlamentarios Villarreal, Isabel Trejo, Ricardo Anaya y Marko Cortés, dirigente actual, a cuyo grupo pertenece Jiménez La diputada federal panista con licencia Teresa Jiménez Esquivel es la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD con mayores posibilidades de ganar la elección de gobernadora de Aguascalientes, pero también es la que más escándalos de corrupción arrastra. El epicentro de la contienda será, sin duda, el expediente de Jiménez y lo potenciará su relación personal con Luis Alberto Villarreal, el coordinador de los diputados federales del PAN que tramó los “moches”, el esquema de corrupción que consistió en que éstos gestionaban millonarios recursos para obra pública a los alcaldes a cambio de una comisión y la asignación de contratos a constructoras que ellos decidían. Los “moches” florecieron en las dos legislaturas del gobierno de Enrique Peña Nieto, gracias al Pacto por México, y en el PAN los avaló su presidente, Gustavo Madero, instrumentados por los coordinadores parlamentarios Villarreal, Isabel Trejo, Ricardo Anaya y Marko Cortés, dirigente actual, a cuyo grupo pertenece Jiménez. En ese marco, hace una década, se inició la relación personal de Jiménez con Villarreal, quien, tras ser derrotado por el PRI en su reelección como alcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato, se refugió en Aguascalientes, donde la acompañó en su registro como precandidata a gobernadora, el 26 de diciembre, en medio de versiones sobre su boda. Pero más allá de su relación personal con Villarreal, a quien Madero destituyó como coordinador parlamentario en agosto 2014 tras filtrarse un video en el que bailaba con una mujer en una fiesta en Puerto Vallarta —“ánimo, Montana”—, Jiménez tiene una biografía asociada a la corrupción y al despilfarro como alcaldesa de Aguascalientes.

Por ejemplo, desde el inicio de su primer periodo como alcaldesa, en 2016, Jiménez permitió la instalación y funcionamiento de 470 casetas telefónicas sin permisos del ayuntamiento ni pagos de derecho, con el consecuente daño patrimonial al municipio, estimado en más de tres millones de pesos. Una cantidad semejante, tres millones 414 mil pesos, la alcaldesa los gastó regalando roscas de reyes en la cabecera municipal y las delegaciones rurales de Aguascalientes, en enero de 2020, y dos semanas antes, con motivo de su “gira navideña”, destinó 600 mil pesos a regalar “pollos”. A lo largo de 2019, se gastó 190 millones de pesos en gastos de propaganda, fiestas y viáticos, y para promover su proyecto hacia la gubernatura participó, al año siguiente, en la película de Netflix “Se busca papá”, usando recursos públicos. “No son actos anticipados de campaña, porque no es actora política en el proceso electoral 2020-2021, y no tiene intención de participar a un cargo de elección popular federal o local”, dijo en su defensa, pero mintió: Fue candidata plurinominal a diputada federal y, tras ganar, solicitó licencia para ser gobernadora. Pero todas estos despilfarros y conductas son minucias ante el multimillonario negocio que Jiménez otorgó, por ejemplo, a la empresa MB Iluminación Nacional, S.A. de C.V., propiedad del regiomontano Eugenio Maíz Domene, socio de la presidenta de la Comisión de Justicia del PAN, Jovita Morin Flores, incondicional de Marko Cortés. Información documental presentada ante autoridades federales acreditan la compra a sobreprecio de luminarias y páneles fotovoltaicos por parte de Jiménez, quien además endeudó al municipio de Aguascalientes hasta el año 2050, mediante designaciones disfrazadas, como a la empresa Next Energy del Centro, también vinculada a Maíz Domene. Tal como lo acreditó El Heraldo de México, Jiménez hipotecó al municipio por 30 mil millones de pesos, porque el convenio modificatorio del “Programa de Eficiencia Energética del Municipio de Aguascalientes”, firmado el 7 de julio de 2020, con la empresa Next Energy del Centro, establece 360 pagos mensuales, que inician en 10 millones y concluyen en 100 millones de pesos en promedio. Este caso que involucra recursos federales es investigado por autoridades y marcará el futuro de “Tere moches”. POR ÁLVARO DELGADO

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN EL DIARIO DIGITAL "SIN EMBARGO"

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