La reciente reforma al Poder Judicial en México ha generado un amplio espectro de preocupaciones económicas que no pueden ser ignoradas. Desde la elección popular de jueces hasta la posible erosión de la independencia judicial, las implicaciones de esta reforma son profundas y complejas. A medida que nos adentramos en un análisis más detallado, se hace evidente que el impacto no se limita a la esfera política, sino que se extiende a los cimientos económicos del país, afectando la inversión, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la relación comercial con nuestros socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Desde el anuncio de la reforma, se ha percibido un aumento en la incertidumbre económica. Las calificadoras de riesgo, que son fundamentales para evaluar la salud financiera de un país, han comenzado a mostrar signos de preocupación. Moody’s y Fitch han advertido sobre el potencial deterioro de la calificación crediticia de México, actualmente en grado de inversión. Esta calificación es crucial, ya que determina el costo del financiamiento para el gobierno y las empresas. Un descenso en esta calificación podría resultar en un incremento en las tasas de interés, lo que a su vez encarecería el crédito y desincentivaría aún más la inversión. Analizando los datos económicos más recientes, encontramos que el crecimiento del PIB se ha recortado drásticamente. Antes de la reforma, las proyecciones apuntaban a un crecimiento del 2.4% para 2024; sin embargo, tras la implementación de estas medidas, se estima que este crecimiento podría caer hasta un 1.5%. Este descenso no es trivial: cada punto porcentual del PIB representa aproximadamente 14 mil millones de dólares y puede traducirse en la creación o pérdida de entre 100,000 y 150,000 empleos. La relación entre inversión y crecimiento es innegable; si los inversionistas perciben un entorno hostil o incierto, su reacción natural será reducir su exposición al riesgo.La inversión privada ha sido históricamente un motor clave para el crecimiento económico en México. Sin embargo, las reformas constitucionales recientes han generado una atmósfera de desconfianza entre los empresarios. Según datos de la Secretaría de Economía, durante el primer semestre del año se anunciaron 143 proyectos por un total de 45,644 millones de dólares provenientes de inversiones extranjeras. Sin embargo, con el clima actual de incertidumbre política y económica, es probable que muchos de estos proyectos se vean afectados o incluso cancelados. Los empresarios mexicanos han sido cautelosos en sus mensajes; aunque no han expresado abiertamente su descontento, es evidente que están sopesando sus opciones con mayor cuidado. No debemos pasar por alto cómo esta reforma impactará nuestras relaciones comerciales con nuestros socios del T-MEC. En 2023, México exportó mercancías por valor aproximado de 476,000 millones de dólares a Estados Unidos y 18,010 millones a Canadá. Con una relación comercial tan intensa y entrelazada, cualquier cambio en el marco legal que rija estas interacciones puede generar tensiones significativas. Los recientes conflictos sobre maíz transgénico y contenido regional en vehículos son solo ejemplos menores de lo que podría suceder si surgen disputas legales relacionadas con la reforma al Poder Judicial. La desaparición de órganos autónomos y nuevas disposiciones para sectores estratégicos como minería y energía podrían intensificar estas controversias.El T-MEC tiene reglas claras que deben ser respetadas por todos los socios; cualquier incumplimiento podría resultar en sanciones económicas severas. La dependencia creciente del mercado estadounidense es alarmante: mientras que en 2018 el 79% de nuestras exportaciones tenían como destino Estados Unidos, este porcentaje ha aumentado al 83% en la actualidad. Este aumento refleja nuestra integración económica con nuestro vecino del norte pero también subraya nuestra vulnerabilidad ante cualquier alteración en las relaciones comerciales. Las proyecciones futuras son inquietantes. Si no se toman medidas para restaurar la confianza en nuestras instituciones judiciales y garantizar un marco legal estable y predecible, podríamos enfrentar una crisis económica similar a las que hemos vivido en décadas pasadas. El "shock" de confianza prolongado podría llevarnos a una recesión económica prolongada con un crecimiento mediocre que perpetúe problemas como la pobreza extrema y la desigualdad social. A nivel personal, he sido testigo del impacto directo que estas decisiones políticas tienen sobre las vidas cotidianas de los mexicanos. En mi entorno cercano, amigos y familiares han comenzado a hablar sobre sus planes para emigrar o invertir sus ahorros en otros países donde perciben un ambiente más favorable para los negocios. Esta sensación de inestabilidad no solo afecta a grandes corporaciones; también tiene repercusiones profundas en pequeñas y medianas empresas que dependen del crédito accesible para operar y crecer. La reforma al Poder Judicial no es simplemente un cambio institucional; es un factor determinante que puede influir drásticamente en el futuro económico de México. La combinación de menor inversión, posible degradación crediticia y tensiones comerciales con nuestros socios del T-MEC sugiere que las decisiones tomadas hoy tendrán repercusiones profundas y duraderas. Es imperativo evaluar cuidadosamente estos impactos antes de avanzar con reformas tan significativas. La historia nos ha enseñado que los cambios impulsivos pueden tener consecuencias devastadoras; por lo tanto, es fundamental priorizar la estabilidad económica y social sobre agendas políticas inmediatas. La salud económica del país depende no solo de decisiones acertadas hoy sino también del compromiso con un futuro donde prevalezcan el estado de derecho y la confianza institucional. #GlobalMedia #Economia #ReformaJudicial #TMEC SOBRE LA FIRMA

Columnista en #Globalmedia desde el 2018

Escribe sobre economía y politica nacional e internacional.

Economista, Doctor en Adminstración con experiencia en Mercados Financieros.