El Presidente de la República habría cometido un delito por manejo de información privilegiada, en detrimento de los participantes del mercado ACAPULCO. ¿Quién lo habría dicho? Un escándalo de gran proporción se esparció como combustible en el fuego en este puerto durante el día de ayer, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador desvelara indebidamente la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México de elevar en 50 puntos base la tasa de interés para dejarla en 6.50 por ciento. “Si estuviéramos en otro país esto habría sido motivo suficiente para que se decretara una suspensión en la actividad de los mercados”, me dice uno de los participantes en la 85 Convención Bancaria, subrayando la tragedia que azotaba al sector financiero. Una catástrofe de desconfianza: el inmisericorde aplastamiento de la autonomía del banco central por parte del Poder Ejecutivo al haber revelado la decisión de política monetaria antes de las 13 horas, ninguneando a la Junta de Gobierno y poniendo en tela de duda la secrecía con la que se manejan sus miembros y el secretario de Hacienda. ¿Quién fue la persona que filtró el dato al presidente Andrés Manuel López Obrador? Si fue un miembro de la Junta de Gobierno, aplica la suspensión del cargo, de acuerdo con la ley. Pero si fue alguien de la Secretaría de Hacienda entramos en un pantano de arenas movedizas, porque no queda claro que la Ley del Banco de México le aplique también a alguien que no trabaja formalmente en esa institución. Es decir: si quien informó indebidamente al presidente fue, por ejemplo, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, no se le podría separar del cargo, hasta donde se sabe, porque el ordenamiento legal no le obliga a él a guardar sigilo; o, si acaso se lo ordena, no hay consecuencias. El problema es que ayer, mientras llegaban los banqueros a este puerto, miles de inversionistas pudieron tomar decisiones y posturas financieras con base en la información difundida por AMLO en la mañana, lo que generaba un amplio margen para arbitraje antes de que la información fuera oficial. Por tanto, ¿quién es responsable de las pérdidas y ganancias de millones de pesos durante la jornada de ayer por la infidencia presidencial? Y hay más preguntas: ¿es razonable pensar que el anuncio del Presidente tenía dedicatoria?; es decir, ¿era una señal para algún personaje del sector financiero a fin de que se beneficiara con la información? Si este fuera el caso, el propio Presidente de la República habría cometido un delito por manejo de información privilegiada en detrimento de los participantes del mercado. Esperemos que no sea el caso. Este descomunal escándalo, no visto antes en el país, queda como una herida abierta y sangrante en la historia del Banco de México. Y el problema es que si nadie es castigado por el ilícito, deja la puerta abierta para que la política monetaria vuelva a ser manoseada desde Palacio Nacional. POR CARLOS MOTA

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