El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no se encuentra entre los organismos autónomos que buscará desaparecer con una de las reformas constitucionales que presentará el próximo 5 de febrero, y, aseguró, que ninguno de los trabajadores de dichos entes serán despedidos.   En conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario insistió en que la lista de 10 organismos a desaparecer fueron creados “para legalizar la corrupción que imperaba”.  Entre los órganos a desaparecer, el presidente mencionó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).  “Lo que vamos a buscar es, sin afectar a los trabajadores de base, porque ya parece que estoy escuchando la opinión de expertos y sabiondos de los medios, que obviamente están en contra de esto: van a dejar sin trabajo, no, no, no vamos a despedir a nadie, va a pasar el organismo, los trabajadores, a la Secretaría de Comunicaciones”, dijo el mandatario refiriéndose a los empleados del IFT.  El presidente explicó que el INAI puede pasar a ser parte de la Secretaría de la Función Pública y enfatizó que existe la obligación para transparentar todo, por lo que se puede presentar una solicitud para pedir información. López Obrador acusó que dichos organismos supuestamente son autónomos, “pero autónomo del pueblo, del gobierno, no autónomo de las empresas particulares”. Mencionó que va a tener un gobierno eficiente y no tan costoso, “no vamos a despedir a nadie, pero vamos a ahorrar”. En diciembre pasado, López Obrador anunció que enviará dos iniciativas de ley antes de que termine su gobierno, una para desaparecer organismos autónomos y otra para insistir en prohibir la comercialización de vapeadores.

“Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos, entonces cómo vamos a estar pensando, no en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública“. Los gobernadores de la Alianza Federalista han afirmado que la iniciativa del presidente es “especialmente maligna y una amenaza a la democracia”. “Lo público no se puede expropiar del público”, señalaron los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha dicho anteriormente que la intención del presidente sería un grave retroceso para el desarrollo democrático del país. En un comunicado, la patronal expresó su “preocupación y desacuerdo” con la propuesta del mandatario y advirtió: “Seremos férreos defensores de su permanencia y su fortalecimiento”, ya que son pilares fundamentales para el equilibrio de poderes en el país y garantizan los derechos de las personas. En diferentes ocasiones, los legisladores de oposición han anticipado que votaran en contra de dicha propuesta. Con información de Latinus.