La tarde del domingo 27 de abril, Janet, una mujer sorda, pudo reencontrarse con sus hijas tras más de ocho meses de separación forzada. El reencuentro fue posible luego de que el Juzgado 5to Familiar, a solicitud de su abogada Fátima Viera y con la intervención de una intérprete de lengua de señas, ordenara medidas provisionales de protección y un régimen de convivencia, garantizando por primera vez los ajustes razonables que su situación requería. Janeth había firmado anteriormente un convenio en el que perdió la guarda y custodia de sus hijas sin comprender los términos legales, debido a la ausencia de interpretación, ajustes razonables y explicación adecuada de sus derechos. Este hecho, lejos de ser un caso aislado, evidencia las barreras estructurales que siguen enfrentando las personas con discapacidad para acceder a procedimientos judiciales en igualdad de condiciones. La intervención de Fátima Viera, abogada familiar, se enfocó en restituir el derecho de Janeth a un proceso judicial inclusivo, promoviendo la nulidad del convenio firmado sin consentimiento informado y exigiendo la implementación de ajustes razonables, tal como lo establecen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las leyes nacionales.

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  "El acceso a la justicia no puede depender de la capacidad auditiva, visual o cognitiva de una persona. Es un derecho fundamental que debe garantizarse mediante ajustes razonables que permitan una participación real y efectiva", señaló Fátima Viera tras el logro de esta primera etapa del proceso. Este caso coloca, nuevamente, la urgencia de transformar los sistemas judiciales para hacerlos verdaderamente accesibles, poniendo en el centro los derechos de las personas con discapacidad y su derecho a comprender, decidir y defender su vida y su familia en condiciones de igualdad.