La exmandataria de Bolivia Jeanine Áñez salió este jueves de la cárcel de Miraflores, en La Paz, después de más de cuatro años y medio de reclusión, luego de que su sentencia de 10 años de prisión fuera anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según confirmaron testigos en el lugar.

“Jamás hubo un golpe de Estado (...). Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”, dijo con un altavoz ante la puerta del penal. Más tarde reiteró: “Jamás voy a arrepentirme de haber servido a la patria cuando la patria me necesitó”.

La decisión del TSJ, conocida el miércoles, anuló la condena por “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución” en el caso “Golpe II”, y sostuvo que la asunción de Áñez en 2019 no fue un acto de usurpación, sino “un acto de necesidad constitucional” ante un “vacío real de mando” producido por la renuncia pública del Ejecutivo y las cabezas del Legislativo, de acuerdo con el documento judicial citado por medios locales. Los magistrados ordenaron que la exmandataria sea juzgada mediante un juicio de privilegio, en reemplazo del proceso en la vía ordinaria que derivó en su condena.

Áñez, abogada de 58 años, había sido detenida en marzo de 2021 y condenada en junio de 2022. Fue trasladada primero al penal de Obrajes y luego a Miraflores, de donde salió este jueves a las 10:58 de la mañana (hora local) con una bandera boliviana en la mano, según la cronología difundida por canales nacionales.

“La sucesión no fue un acto de usurpación, sino un acto de necesidad constitucional”, sostiene el fallo, que también enfatiza que las renuncias de 2019 “fueron públicas, expresas y con efectos inmediatos”.

El giro judicial llega tras semanas de revisiones ordenadas por la nueva presidencia del TSJ sobre detenciones preventivas en causas de alto perfil, un movimiento que ha impactado también en los expedientes del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exlíder cívico Marco Antonio Pumari. En agosto, un tribunal concedió arresto domiciliario a Camacho tras casi tres años de prisión preventiva en causas ligadas a la crisis de 2019, en un contexto de escrutinio al uso extendido de la detención sin sentencia en el país, reportaron agencias internacionales.

La excarcelación de Áñez, no obstante, no zanja su situación penal. Su defensa remarcó que la anulación de la sentencia en el caso “Golpe II” no implica el cierre de otros procesos, incluidos los relacionados con Sacaba y Senkata, que atravesarán instancias de revisión. Aun así, el TSJ subrayó que el tribunal sentenciador “omitió valorar” el carácter público e inmediato de las renuncias en 2019, punto clave para redefinir el encuadre jurídico de la sucesión presidencial.

La discusión sobre el alcance de la “necesidad constitucional” promete reabrir la lectura de la crisis de 2019 y su tratamiento judicial. En los últimos meses, la justicia boliviana ha sido objeto de críticas por su supuesta instrumentalización política y por el uso prolongado de detenciones preventivas, mientras el propio Supremo instruyó revisiones expeditas de medidas cautelares en casos emblemáticos. Analistas prevén que, con la anulación, el eventual juicio de privilegio exija un trámite ante la Asamblea Legislativa para autorizar el enjuiciamiento, lo que podría extender plazos y reubicar el debate en el Congreso.

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Áñez anticipó que asistirá a la posesión del presidente electo Rodrigo Paz, prevista para el sábado, y que el domingo viajará a Trinidad para reunirse con su familia y simpatizantes.

Con información de Excélsior