La administración del republicano Donald Trump demandó al estado de Illinois y a la ciudad de Chicago este jueves para desmantelar las protecciones regionales y municipales que la Casa Blanca afirma bloquean sus operaciones antinmigración. La demanda presentada por el Departamento de Justicia en un juzgado de Illinois dice que varias leyes regionales y municipales de estos bastiones demócratas en el este del país "están diseñadas para interferir, y de hecho interfieren, con la aplicación de la ley federal de inmigración del Gobierno federal".  La querella se refiere específicamente a una ordenanza del condado de Cook (con varias municipalidades, entre ellas Chicago) que prohíbe a oficiales locales participar en operativos de inmigración, así como otra de Chicago que impide a la policía arrestar personas por su estatus migratorio y limita la información sobre inmigrantes que pueden compartir con la esfera federal. El texto sostiene que tanto el gobernador de Illinois, JB Pritzker, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson (ambos demócratas), "profesan un interés compartido con el gobierno federal de aplicar las leyes de inmigración para retirar criminales de Estados Unidos (...) pero las leyes de Illinois ofrecen lo contrario". Chicago albergó a decenas de miles de inmigrantes entre 2022 y 2024 que llegaron a la frontera sur en busca de asilo, muchos de los cuales fueron trasladados allí por el gobierno republicano de Texas en una maniobra política para forzar a gobiernos demócratas a asumir el creciente flujo migratorio.  Considerada una ciudad santuario, al igual que otras gobernadas por demócratas, se ha vuelto blanco de los dardos de Trump y su administración que, en una radical plataforma antinmigración promete la deportación de millones de inmigrantes, muchos de los cuales fueron etiquetados de criminales en la narrativa oficial. Juegos políticos Durante su primer día de gobierno, Trump firmó varios decretos ejecutivos para rediseñar el concepto de ciudadanía y el sistema migratorio estadunidense, entre otras medidas, aumentando el contingente militar en la frontera, limitando severamente el sistema de asilo y refugio y eliminando el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Este último decreto impedía la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a hijos de madres que están en el país de forma ilegal o temporal, y cuyo padre no sea un ciudadano estadunidense o tenga residencia permanente. Un juez federal en Seattle aprobó este jueves una interdicción preliminar impidiendo al gobierno federal de ejecutar su decreto, en respuesta a una demanda presentada por los demócratas gobiernos de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. "Se ha hecho cada vez más evidente que para nuestro presidente, el Estado de Derecho no es más que un impedimento para sus objetivos políticos", dijo el juez John Coughenour antes de vetar el decreto de Trump.  "La Constitución no es algo con lo que el gobierno puede jugar juegos políticos", agregó al argumentar que su trabajo "es proteger el Estado de Derecho". "Si el gobierno quiere cambiar la enmienda que garantiza el derecho a la ciudadanía por nacimiento, necesita enmendar la propia Constitución". El fallo de Coughenor ratifica su posición emitida hace dos semanas en una audiencia con carácter temporal. La 14ª Enmienda de la Constitución estadunidense fue adoptada en la segunda mitad del siglo XIX como resultado de la Guerra Civil, en un esfuerzo de garantizar los derechos de los antiguos esclavos y sus hijos.  "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen", reza. Otra jueza federal había impedido la entrada en vigencia del decreto el miércoles en respuesta a una demanda aparte en Maryland.        Con información de Excélsior.