El Gobierno de Donald Trump abrió un nuevo frente contra las políticas estatales dirigidas a estudiantes sin estatus migratorio, al presentar este jueves 27 de agosto demandas contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington por permitir que universidades otorguen matrículas reducidas y asistencia financiera a este sector de la población.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sostiene que esas disposiciones estatales contradicen la legislación federal, que impide a las instituciones de educación superior conceder a extranjeros beneficios que no estén disponibles bajo las mismas condiciones para ciudadanos estadounidenses.

Las leyes cuestionadas permiten actualmente que las universidades públicas de los cuatro estados cobren a estudiantes sin importar su situación migratoria tarifas de matrícula correspondientes a residentes, además de ofrecerles determinadas ayudas económicas y becas.

El argumento del Gobierno de Trump

De acuerdo con el DOJ, estas políticas constituyen una forma de discriminación inconstitucional contra ciudadanos estadounidenses y, además, pueden generar incentivos para la inmigración irregular.

Como parte de la acción emprendida contra Arizona, el Departamento de Justicia citó un análisis del Arizona Center for Investigative Reporting, según el cual más de 3 mil 600 migrantes indocumentados podrían acceder cada año a las tarifas de matrícula para residentes previstas en la legislación estatal durante los próximos años.

Las demandas se presentan después de dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump el año pasado, mediante las cuales el presidente buscó impedir que los inmigrantes indocumentados recibieran beneficios financiados con recursos fiscales o algún tipo de trato preferencial.

“Al conceder tarifas de matrícula para residentes a extranjeros indocumentados, Washington, Oregón, Nuevo México y Arizona están relegando a los ciudadanos e ignorando la ley federal. Se acabó”, afirmó el fiscal adjunto Stanley E. Woodward.

La ofensiva no es nueva. Durante la actual Administración Trump, el Departamento de Justicia ha presentado demandas contra 21 estados por políticas de este tipo, incluidos algunos bajo gobiernos republicanos.

El Gobierno federal ya consiguió un precedente favorable el año pasado en Texas, donde la Casa Blanca logró poner fin a un programa vigente desde 2001. La iniciativa permitía que determinados jóvenes que no eran ciudadanos estadounidenses, pero que habían vivido y concluido la educación secundaria en ese estado, pagaran en las universidades públicas la misma matrícula reducida que correspondía a los residentes.

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