Por primera vez en la historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), fueron rescindidos los contratos laborales de dos personas señaladas de acoso. 

En entrevista, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, señaló que históricamente en los espacios universitarios no existían las sanciones contra los agresores, sino que simplemente se hacían acuerdos como cambiarlos de áreas o que realizaran otras funciones.

Sin embargo, lo que actualmente hace la diferencia es la voluntad desde la rectoría de tener cero tolerancia a estas actitudes, por lo que los encargados de velar por la perspectiva de género han pugnado en consecuencia, evitar la impunidad.

Esta lucha de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, no solamente se lleva a cabo en la UASLP en fechas relevantes como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, sino que se trabaja a lo largo de todo el año con proyectos e investigaciones, instalación de Unidades por la Igualdad de Género, actividades académicas, recomendaciones, por citar algunas actividades.

Estas labores dieron inicio en mayo de 2020, con el inicio de la gestión del doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, con la instalación de la Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias, la Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión y la Visitaduría General, cuyos tres ejes van encaminados no solamente a promover sino aplicar las políticas de igualdad de género, cero tolerancia a la violencia en cualquiera de sus modalidades y atención y resolución a las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos y Universitarios dentro de los espacios universitarios.

En el caso de las protestas pacíficas por el 8M y el 25N, es la Visitaduría la que realiza el acompañamiento y en su caso, investigaciones in situ que deriven de estos ejercicios, siempre manteniendo tolerancia y respeto con las colectivas feministas. También se han mediado conflictos entre comunidad y autoridades y cubierto y documentado “tendederos” de denuncia, como garante de los derechos universitarios a las protestas pacíficas e inicio de investigaciones.

En 2020, la DDU atendió en entrevistas, asesorías, canalización a través de a Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias y seguimiento a expedientes a 158 personas; durante 2021 a 208 y en 2022 la cifra ha llegado a 98. De ello, se han derivado recomendaciones generales, siendo 20 en 2020; ocho en 2021 y en 2022, una. De recomendaciones generales, en 2020 se dieron 20, en 2021 ocho y una en 2022.