El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, aseguró que la institución no tendría inconveniente en ser auditada si el Gobierno del Estado entrega los recursos pendientes del convenio de aportaciones, al considerar que es “válido y justo” que quien otorga presupuesto público solicite comprobaciones del uso de ese dinero. “Si en algún momento, hipotéticamente hablando, el Gobierno del Estado o el Municipio nos dice: ‘le voy a dar X cantidad’, por supuesto que van a tener todo el derecho de legalizarlo, porque es un dinero que ellos dan y que tienen que ver en qué se usó”, señaló el rector, al tiempo que aclaró que la UASLP ya es auditada de manera constante por la Auditoría Superior de la Federación por los recursos federales que recibe. Zermeño Guerra explicó que la Universidad maneja los recursos federales (denominados U006), los que se complementan con aportaciones estatales y los ingresos propios que generan las facultades mediante actividades académicas, como congresos o servicios especializados, por lo que, en este último caso, precisó, el dinero proviene directamente de la operación universitaria, por lo que no debería ser auditado por instancias estatales. Respecto al adeudo que mantiene el Gobierno del Estado con la institución, el rector mencionó que la última reunión formal ocurrió hace alrededor de un mes con el secretario general de Gobierno y funcionarios de Finanzas, donde se acordó que el pago se realizaría en octubre, donde dijo confiar plenamente en la palabra del secretario general, quien públicamente se comprometió a que la deuda quedaría liquidada este mes. Sin embargo, reconoció que hasta el momento no ha recibido ningún documento oficial que confirme el pago ni ha sido convocado para formalizarlo: “Yo confío plenamente en la palabra empeñada, pero un comunicado de prensa no tiene el mismo valor que un documento oficial. Necesitamos una reunión donde se nos explique la situación y se nos confirme por escrito”, apuntó. El rector reiteró que la Universidad mantiene disposición al diálogo y a la transparencia, pero insistió en que la falta de cumplimiento en los convenios afecta directamente las finanzas institucionales y la planeación de actividades académicas.