La cuarta ola y repunte de la pandemia provocados por la nueva variante del COVID-19 han obstaculizado el regreso a clases. Los contagios en la población han aumentado de manera descontrolada y las familias tienen todavía menos seguridad de mandar a sus hijas e hijos a las escuelas, aún con la insistencia del gobierno federal para hacerlo. Los estados también han sido precavidos y más de una decena han postergado el regreso presencial a las aulas. Sin embargo, las escuelas que sí se encuentran abiertas permanecen en la incertidumbre ante la posibilidad de un brote en sus comunidades. Así es, aunque parezca difícil de creer, llevamos medio ciclo escolar sin la implementación de un protocolo de prevención y detección de contagios en las escuelas. En Mexicanos Primero, hemos luchado por ello desde agosto pasado, incluso llevándolo a instancias judiciales. A todo esto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un protocolo? Cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Secretaría de Salud (Salud), ante el regreso a clases presenciales, solamente emitieron una “Guía de recomendaciones”. En el juicio que emprendimos, argumentamos que simples recomendaciones no eran suficientes y debía existir un protocolo. El Juez coincidió y ordenó que se elaborara. Las autoridades, en vez de acatar esa orden, gastan recursos y tiempo para insistir que la Guía es suficiente. Un protocolo real, en primer lugar, es un documento de carácter obligatorio. En ese sentido, este protocolo debe aclarar cuáles son los procedimientos que deben seguir las autoridades escolares en la identificación de posibles casos de contagio, su contención y la canalización a las autoridades de salud correspondientes. En contraste, la Guía establece que los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 deben notificarse a las autoridades educativas y sanitarias correspondientes pero no se específica quiénes son estas autoridades ni qué sucede después de ello.  En segundo lugar, el protocolo debe ajustarse a las recomendaciones de las máximas autoridades sanitarias nacionales e internacionales, así como las mejores prácticas. No obstante, la SEP autoriza el uso de cubrebocas de tela común y corriente, los cuales tienen una efectividad reducida en comparación con los cubrebocas de tres capas. Las escuelas tampoco cuentan con una referencia sobre la ventilación en los salones, ni los máximos aforos permitidos. Lo anterior, sin contar que decenas de miles de escuelas no tienen agua o insumos para sanitizar los planteles. Hoy, más que nunca, las maestras, maestros y directivos necesitan un protocolo verdadero y obligatorio que les oriente e indique qué hacer en el manejo de la pandemia en sus escuelas. Afortunadamente, los contagios no se han disparado en las escuelas durante el ciclo escolar. Con la nueva variante, el gobierno no debe esperar otro milagro; exigimos se cumpla con la orden judicial y se elabore el protocolo obligatorio y necesario para las escuelas.  POR FERNANDO ALCÁZAR IBARRA

ESTUDIOS JURÍDICOS DE MEXICANOS PRIMERO

@FERALC23