Quintana Roo, estado soberano de la República Mexicana desde el 8 de octubre de 1974, vive una nueva etapa dentro de su democracia, ésta llegó de la mano de la primera mujer que tomará el control de sus riendas políticas; nos referimos a Mara Lezama Espinosa, quien desde el domingo 25 de septiembre encabeza un quinquenio de gobierno donde la construcción de un nuevo acuerdo social se convierte en su principal reto. El nombre que la mandataria le da a la visión del proyecto que encabeza es Acuerdo por el Desarrollo Social en Quintana Roo, con la encomienda en mejorar la calidad de vida de miles de personas que han quedado marginadas por el desigual desarrollo de la región. Un ejemplo es la inequitativa distribución de ganancias que ha dejado por años la industria turística, lo que llevó a la entidad a ser una de las más heterogéneas del país, por ello, es fundamental crear condiciones para que el crecimiento se refleje en una mejor distribución. En la nueva ecuación será fundamental la presencia de la Iniciativa Privada, ya que con nuevas inversiones y las existentes se establecerá esta nueva forma de gobernar. El reto, comenta la mandataria, será llevar justicia social a quien más la necesita y revertir la brecha entre quienes han tenido acceso a diferentes oportunidades y los que por diversas circunstancias quedaron alejadas de las mismas, el desafío sin duda no es menor. AVANZA DEFENSA LEGAL

La resolución del tribunal internacional de arbitraje (CIADI) donde se litiga la demanda de Vulcan Materials en contra de México por el cierre de las operaciones de la cantera en Playa del Carmen, sienta un precedente en estos conflictos. Más allá de la recomendación para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de ventilar el asunto en sus conferencias de prensa, el tema de fondo es que les dieron entrada a nuevos reclamos en el expediente por la clausura de mayo pasado, que de ganar en el tribunal obligarían a México a pagar más de mil 500 millones de dólares por los daños. A diferencia del reclamo que hizo María Luisa Albores, titular de la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales (Semarnat), ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, las resoluciones del CIADI son obligatorias para las partes, toda vez que se trata de una instancia internacional dedicada a resolver conflictos relativos a inversiones extranjeras incluidas en los tratados comerciales, como en este caso el TLCAN. Recuerde que dos de los tres árbitros, que sesionan en Washington, fueron elegidos por la Secretaría de Economía (SE) de Tatiana Clouthier. Se espera que con esta resolución, el caso se resuelva favorablemente para Vulcan en la primera mitad del siguiente año. POR JAIME NÚÑEZ

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