Las públicas expresiones congratulatorias por la colaboración entre México y Estados Unidos apenas sombrean la creciente impresión de que el gobierno del presidente Donald Trump presiona cada vez más al de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La estrategia de Trump no es nueva y alguno de sus funcionarios la definió como "desestabilizar al adversario. Es presionar, observar la respuesta, aplicar más presión, observar la respuesta, aplicar más presión".

La más reciente llegada de ayuda mexicana a Cuba, a mediados de mayo, coincidió literalmente con la promulgación de una orden ejecutiva (decreto presidencial) estadounidense que ordena a los bancos de su país escudriñar a sus depositarios y los remitentes de remesas.

La ayuda a la isla no es de extrañar y la idea de imponer controles sobre las remesas era promovida hace tiempo por aliados del propio presidente Trump.

Pero en los momentos actuales de la relación entre Estados Unidos y México, nadie cree en coincidencias, sobre todo ante las continuas filtraciones en torno a investigaciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios y políticos mexicanos por vínculos con el narcotráfico o con el "huachicoleo".

No son acusaciones que se puedan ignorar, aunque ciertamente habría que colocarlas en el arsenal político a disposición del gobierno estadounidense.

Pero lo cierto es que son cada vez más numerosas y frecuentes.

Cierto, existen los intereses geopolíticos estadounidenses y su ya vieja demanda de que México controle a una delincuencia que parece desbocada, al grado que el gobierno Trump declaró a los cárteles como un problema para su seguridad nacional.

Habría que señalar que la sobredosis de fentanilo se ha constituido en una de las principales causas de muerte entre jóvenes estadounidenses, incluso blancos y especialmente con educación limitada y en condición de pobreza.

Pero también los costos políticos de la defensa emprendida por la presidenta Sheinbaum, que enfrenta tanto la creciente presión estadounidense como la de grupos de interés domésticos y es quien encara las probables consecuencias, económicas, políticas y en términos de imagen pública.

Que la mayoría de los acusados o presuntamente investigados por colusión con grupos delincuenciales sean de Morena no es de extrañar: es el partido en el poder, que al buscar el control de todas las palancas y botones se expuso, absorbió o entró en contacto con por lo menos parte del lado oscuro de la sociedad.

Igualmente, hay otras cuestiones que socavan la posición de la presidenta: desde los arrestos/entregas de exfuncionarios presuntamente coludidos y deseosos de negociar sus penas en Estados Unidos, como los reportes sobre la "internacionalización" de los cárteles mexicanos y su interacción con grupos delictivos en varios países, o reportes de narcotraficantes mexicanos detenidos en África y Asia, que por obligación deben ser defendidos consularmente.

La relación nunca ha sido simple. Ahora menos.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

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@CARRENOJOSE