Luego de que el gobierno del estado no acatara la recomendación: 272/2024 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), víctimas del 8 de Marzo (8M) y organizaciones feministas de Zacatecas anunciaron la creación de la Comisión de la Verdad desde la Sociedad Civil. Dicho comité tiene como objetivo dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación dada a conocer el 10 de diciembre de 2024, pues al no acatarse “retrasa el cumplimiento de la justicia y la no repetición, ya que en el documento se confirman violaciones a los Derechos Humanos (DH)”, precisaron. Ante este contexto, las inconformes exigieron al gobierno del estado que garantice la implementación de las medidas y que el Poder Judicial juzgue el caso con perspectiva de género y DH. Asimismo, pidieron que el Poder Legislativo y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) creen una comisión especial, cada una, para darle seguimiento al caso. Mientras que a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) le pidieron la debida diligencia en las averiguaciones y la inclusión en la investigación de los altos mandos gubernamentales y policiales. Además, llamaron al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres que tome la organización del programa institucional para la marcha del 8M. DENUNCIAN OMISIONES Víctimas del 8M y organizaciones feministas reclamaron que la CNDH minimiza los actos al no calificarlos como tortura, pese a tener evidencia. También argumentaron que la recomendación fue hecha con sesgo de género al considerar la responsabilidad en mujeres policías, pero omitiendo la participación de hombres. De igual forma, mostraron su inconformidad ante el plazo de seis meses para cumplir con estas medidas, “este tiempo es excesivo, especialmente porque el 8 de marzo está próximo y no debe dejarse lugar a que vuelvan a ocurrir hechos similares”. A 10 meses de los hechos, las inconformes denunciaron las omisiones de la CNDH al no investigar ni establecer responsabilidades de los altos mandos gubernamentales, como los secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública, Rodrigo Reyes Mugüerza y Arturo Medina Mayoral, respectivamente, así como el mandatario David Monreal Ávila. Además, solicitarán que se abra una nueva línea de investigación a Oswaldo Caldera Murillo, encargado de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP); y a Óscar Aparicio Avendaño, ex subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Por otra parte, informaron que la recomendación ya fue aceptada por el ayuntamiento de la capital, autoridad a la que también están dirigidas algunas medidas.  

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