Tanto la autoridad electoral, como las autoridades penales “tenemos la obligación” de atender las denuncias en razón de violencia política de género y emitir medidas de protección cautelares en garantía de la seguridad de víctimas, comentó Zelandia Bórquez Estrada, consejera electoral. La consejera puntualizó que las denuncias de mujeres por violencia política se pueden presentar ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) o ante el Instituto Estatal Electoral (INE). Se inicia una investigación y un procedimiento para después remitirlo al Tribunal Estatal Electoral quien emitirá resolución. Si se trata de una denuncia en materia penal el procedimiento se efectúa a través de la Fiscalía General del Estado y autoridades judiciales. Bórquez Estrada consejera del Ceepac, subrayó que es necesario generar conciencia sobre la violencia política de género e identificar qué tipo de conductas son las que se engloban dentro de este concepto. Por lo que es importante “que la gente sea consciente de cuáles son las conductas que constituyen violencia política de género”. Agregó que una de las principales acciones que ha emprendido el órgano electoral es capacitar a partidos políticos, mujeres y a la ciudadanía en general para que detecten y denuncien de cualquier violación de sus derechos político-electorales. “La capacitación también tiene que ver con las herramientas que se tienen al alcance para denunciarla y detener las conductas que pudieran afectar a las mujeres que participan en política”, resaltó. La consejera destacó que la violencia política contra las mujeres por razón de género está regulada por disposiciones en materia electoral y penal y recalcó la importancia de identificarlas como toda acción u omisión que tiene por objeto menoscabar, afectar o no permitir el goce de los derechos políticos electorales de las mujeres. Por último, detalló que tanto en el INE, el Ceepac como al interior de los partidos políticos, se tienen que establecer los lineamientos para identificar y erradicar la violencia política de género.