El día de ayer, como otras tantas mañanas, al pasar a un lado del edificio de la Suprema Corte de Justicia en el Centro Histórico, pude contemplar varias mantas, unas viejas y otras nuevas, así como algunos carteles a lo largo de su perímetro. Sus consignas, a veces dirigidas contra ministras o ministros en particular, a veces contra la Corte entera, expresan los agravios más variados, algunos bastante específicos y otros más bien vagos y genéricos. En muchos casos van acompañados de fotografías —algunas serias y desgarradoras— o de dibujos de una veta más humorística, algunos creativos e ingeniosos y otros más bien simplones, genéricos y hasta vulgares. No sé, la mayoría de las veces, quiénes son exactamente las personas autoras. Sus mensajes me permiten saber su postura sobre temas de importancia, sus prioridades y sus agravios, pero pocas veces más que eso. Desconozco, la mayoría de las veces, a qué agrupación pertenecen, cómo se identifican, cómo organizan o cómo se pagan sus servicios o se financian sus manifestaciones. Y debo confesar que estas son cuestiones que no me preocupan en demasía. Me basta con saber que, al menos hasta el día de hoy, su derecho a expresar sus puntos de vista, independientemente de su contenido o de a quién agraden, está garantizado por la misma institución contra la que van dirigidas sus críticas. No me preocupa ni debería preocuparnos porque esa es nuestra labor, y en ello radica la importancia de nuestras instituciones democráticas: en la capacidad, en la voluntad y en la rectitud para defender las libertades que permiten el discurso en el foro público que es la sangre en las venas de nuestro modo de gobierno. Más que las insignias que aparezcan en las publicaciones, más que los nombres de quienes las expresan, más, incluso, que la procedencia de los recursos que las financian —como es el caso, frecuentemente, en los programas televisivos o publicaciones que operan con fondos públicos— es la diversidad en el contenido de los mensajes, y la capacidad para proponer y responder, para criticar y rectificar, lo que nos convierte en una democracia. Se habla, en días recientes, de un supuesto golpe de Estado “con todas sus letras”. Como si éste se estuviera gestando al interior de la judicatura, como si se tratara de un cónclave secreto en donde se toman decisiones clandestinas, como si el debate en nuestros tribunales no estuviera expuesto al escrutinio público en tiempo real, situación que, por cierto, no ocurre en otras democracias contemporáneas, como si la discusión de la legitimidad de una reforma fuera la antesala a una regresión autoritaria, evocando las juntas militares que el siglo pasado causarían tanto dolor en nuestro continente. De lo que no se habla, en cambio, es de los hechos que, en la realidad, sí han sido las antesalas de golpes de Estado autoritarios, por ejemplo, de la reforma constitucional en Austria en 1929, donde todos los integrantes de la Corte Constitucional —incluyendo al mismísimo Hans Kelsen— fueron purgados y reemplazados por jueces afines al nuevo régimen, este sí preámbulo de su anexión a la Alemania nazi. Tampoco se habla de la crisis constitucional permanente en Israel o, incluso, la de Polonia en 2018, cuando la legislatura trató de reemplazar a la totalidad de los jueces de la Corte Suprema, situación a la que eventualmente se dio marcha atrás ante las protestas masivas y el posicionamiento de la Unión Europea. Se prefiere, pues, hablar de “rebeliones de togados” y de “golpes de Estado” en sede judicial, cual si se tratara de un movimiento en las sombras como los de Videla o los de Pinochet. Pero en una democracia como la nuestra, tal cosa está fuera del alcance de los tribunales, integrados —al menos por ahora— por magistrados armados con pluma y papel, y no por soldados armados con tanques, rifles y bayonetas. Mientras esto no cambie —y espero que no lo haga— quien pretenda identificar el verdadero peligro quizá debería dirigir la mirada hacia otro lado, hacia otro grupo que incrementa permanentemente su poder en México, su presencia e influencia en los asuntos de Estado. POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA

MINISTRO DE LA SCJN