Editorial EL UNIVERSAL / Robo a bancos: faltan explicaciones El mayor robo de la historia de la banca mexicana se consumó de forma insospechada y se mantiene sin las respuestas pertinentes. De manera adicional, los responsables han logrado por lo pronto evadir a las autoridades, lo que hace doblemente grave el delito cibernético atestiguado hace más de una semana. Mientras tanto, permanece en juego la confianza hacia el entramado financiero. Al respecto, EL UNIVERSAL publica este día elementos para comprender mejor lo que sucedió alrededor de este fraude. En principio, destaca la forma en que las autoridades desconocieron las primeras señales de alerta que ocurrieron desde 2017; en segundo lugar, la falta de medidas preventivas ante dichos avisos, y por último, la desatención sobre los sistemas de seguridad para proteger el sistema bancario. Todo indica que el fallo fue general. Como se da cuenta en estas páginas, por lo menos desde octubre del año anterior surgieron las primeras evidencias de robos de dinero por medio de ataques al sistema financiero. No hubo un ensayo del robo, sino varios en distintos momentos. Está a la vista que el hurto de cientos de millones de pesos del sistema financiero se consumó con éxito para los delincuentes, sin embargo vale la pregunta: ¿por qué no se actuó en consecuencia desde las primeras sustracciones de recursos? En el camino, además, ha sido evidente la negligencia de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), organismo que se encarga entre otras cosas de velar por la seguridad del sistema bancario. Esta casa editorial publicó ayer información relativa a una inversión de 154 millones de pesos que realizó este organismo con el fin de renovar su centro de cómputo, debido a que desde entonces existían riesgos a la seguridad. Desde hace por lo menos dos años, el organismo garante de la seguridad informática del sistema bancario estaba en una posición vulnerable, invirtió para resolver el problema y no lo consiguió, lo que indica que hubo omisión o desinterés para atender esta situación. Más aún, la investigación y el fraude de hace unos días revelan que la situación endeble persiste. Con todo, las autoridades financieras siguen sin ofrecer respuestas certeras a lo que ocurrió. Las dudas sobre el modus operandi, el personal que participó en el robo y las consecuencias de estos hechos merecen explicaciones públicas más abundantes. En el fondo, la confianza en el sistema bancario está en entredicho. El hecho cuestiona las garantías que hay sobre la seguridad del patrimonio de las millones de personas bancarizadas y que utilizan diariamente estos sistemas financieros. Las autoridades no solo deben explicaciones sino encontrar a los responsables, de lo contrario la desconfianza seguirá en el ambiente. No es poco lo que está en juego.

Contra la pobreza /PASCAL BELTRÁN  La actual temporada electoral se ha caracterizado por una feria de promesas para otorgar nuevos apoyos sociales a quienes menos tienen. Los tres principales candidatos a la Presidencia, así como muchos de los aspirantes a las nueve gubernaturas que están en juego, han ofrecido ingresos garantizados a diferentes grupos, en una descarada competencia para ver quién da más. Siempre es más fácil prometer dar dinero cuando no se trata del dinero de uno. Los candidatos, por supuesto, hacen sus ofrecimientos con base en recursos públicos sin que quede claro que las becas en cuestión resolverán el problema de la disparidad en los ingresos y que sean fiscalmente sustentables. Personalmente, a mí me entusiasmaría escuchar a un candidato que dijera lo siguiente: “Como no se trata de inventar el agua tibia y lo que realmente me interesa es el crecimiento del ingreso de los mexicanos más pobres, comenzaré por replicar a nivel nacional las mejores prácticas que tenemos en México. Y si eso no es suficiente, echaré mano de la experiencia internacional en la materia”. A pesar de que llevamos varias décadas de gastar miles de millones de pesos del erario en programas sociales que, en el mejor de los casos, han mantenido a los pobres a flote, pero no han roto el círculo de la miseria –y por eso tenemos en el padrón de Prospera a los nietos de personas que recibieron el apoyo de Solidaridad–, se insiste en mantener el esquema asistencialista. Las promesas de los candidatos de ampliar esos apoyos –compitiendo así, con total descaro, por el favor de los votantes– debieran ser suficiente para sospechar de sus intenciones y de la seriedad de sus objetivos explícitos. Ellos saben que el asistencialismo no saca de pobre a nadie. Cuando mucho, mantiene a los pobres en la línea de la sobrevivencia, donde pueden ser explotados electoralmente pues no se les permite desarrollar capacidades que los saquen de la dependencia. Distinto sería si los candidatos se preguntaran cuál es la fórmula –o, cuando menos, el atisbo de ella– que realmente permite a las personas menos privilegiadas incrementar sus ingresos. Si tuviesen esa intención, podrían encontrar claves en información oficial como el recientemente publicado Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, elaborado por Coneval, para el primer trimestre. De acuerdo con ese indicador –que se dio a conocer el miércoles 16–, los estados del país que “más redujeron la problemática de tener ingresos laborales menores al valor de la canasta alimentaria” fueron Querétaro, Guanajuato e Hidalgo. Quien ha seguido la evolución económica de esas tres entidades no se llama a sorpresa. Como se sabe, las tres han apostado por la manufactura de alto valor agregado y, para ello, han tenido una estrategia de atracción de inversiones. Hidalgo, que lo hace de forma mucho más reciente que las dos primeras, no ha cosechado los éxitos de las dos primeras. ¿Cuáles son éstos? Un crecimiento promedio a tasa anual en la última década de 4.10 en el caso de Querétaro y 4.02 en el de Guanajuato, casi el doble de tasa nacional. No es coincidencia que hoy sean reconocidos por las estadísticas oficiales como los estados donde más se ha avanzado en la lucha contra la pobreza. De acuerdo con Coneval, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo redujeron en 4.7%, 3.9% y 3.7%, respectivamente, el porcentaje de su población que no cuenta con recursos suficientes para comprar la canasta básica. En el otro extremo de la tabla están Morelos, Tabasco y Guerrero, que registraron un aumento de 5.4%, 4.3% y 3.4%, en ese orden. ¿Por qué ofrecer asistencialismo si hay ejemplos en el país –ya no digamos en el extranjero– de políticas económicas que sí funcionan para disminuir la pobreza? Pudiese ser que por miopía, pero lo más seguro es que por conveniencia, pues las clientelas electorales se construyen más fácil con los pobres. No sugiero calcar mecánicamente lo que han hecho Guanajuato y Querétaro y aplicarlo en el resto del país, sino extraer las experiencias de esas entidades y revisar las políticas fallidas en los estados donde la pobreza se ha enraizado y eventualmente sustituirlas por fórmulas eficientes. Lo que muchos candidatos están proponiendo es profundizar el desastroso asistencialismo, sin aportar una sola evidencia de que esas dádivas rompen el círculo de la miseria y la dependencia ni que tengan otro fin que no sea el clientelismo electoral.