En los últimos 12 meses, poco más de una cuarta parte de la población en México pagó a un servidor público un soborno o se lo han pedido. Así lo revela una encuesta realizada en abril pasado por Grupo REFORMA, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Grupo Radio Centro. Ese resultado confirma la prevalencia de un problema arraigado y es consistente con el que reportó la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017) del INEGI. En ella, se registra que cerca del 26 por ciento de los mexicanos ha participado en actos de corrupción. Expertos señalan que la corrupción en México es un problema que a las personas les cuesta trabajo reconocer en su círculo inmediato. El resultado se obtuvo a partir del método de experimento de listas, un modelo de pregunta que permite obtener información sin que el ciudadano tenga que admitir frente a un encuestador haber dado alguna 'mordida'. A la pregunta directa de si en el último año se había pagado alguna 'mordida', 12 por ciento de los encuestados respondió afirmativamente. En contraste, con el experimento de listas esta proporción subió 13 puntos porcentuales. Es decir, la proporción se elevó a más del doble. En otras palabras, menos de la mitad de quienes habían dado una 'mordida' admitió haberla dado cuando le fue preguntado directamente. La diferencia entre la pregunta directa --en la que 12 por ciento de los encuestados reconoció haber dado una 'mordida'-- y los resultados del experimento de listas --25 por ciento aceptó haber pagado-- denota lo complejo que es hablar sobre corrupción cuando ésta se refiere a uno mismo. Una hipótesis es que la corrupción es considerada el segundo problema que más preocupa a los mexicanos, sólo después de la inseguridad y la violencia (ENCIG 2017), por lo que no es fácil reconocer frente a un tercero que uno es parte de ese conflicto. Otra es que las personas que no admitieron haber pagado un soborno sean sobre todo quienes ofrecieron la 'mordida'. Es decir, dejan de ser víctimas para convertirse en victimarios de la integridad de un funcionario. Entre pedir y dar

Si bien 7 de cada 10 ciudadanos reconocen que son ellos quienes permiten que exista corrupción (Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012), responsabilizan en mayor medida a políticos, gobernantes, legisladores y empresarios. En consecuencia, confían poco en ellos. Sólo 39 por ciento confía en servidores públicos y empresarios, 33 por ciento en gobiernos municipales, 29 por ciento en gobiernos estatales y apenas 25 por ciento en el gobierno federal (ENCIG 2017). Con base en la encuesta, se sabe que dos de tres 'mordidas' fueron solicitadas por funcionarios y sólo una de cada tres fue ofrecida por el ciudadano. Los resultados parecieran indicar que el principal problema radica en que los funcionarios son quienes exigen el pago de sobornos. Sin embargo, es posible que los ciudadanos que ofrecieron sobornos tiendan a subdeclarar con mayor frecuencia el pago de mordidas por vergüenza ante el encuestador.

Pegará corrupción al PRI en las urnas Un 75 por ciento de los mexicanos que en el último año dio 'mordida' considera importante sacar al PRI del Gobierno en las próximas elecciones, mientras que 15 por ciento que vivió esa situación quiere evitar que gane Andrés Manuel López Obrador. Los resultados de la encuesta realizada por Grupo REFORMA, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Grupo Radio Centro en abril pasado sugieren que los ciudadanos que participaron en un acto de corrupción (y lo aceptaron) están muy dispuestos a castigar electoralmente al partido en el Gobierno, es decir, sancionar el desempeño del Presidente y el de los 14 Gobiernos locales provenientes del PRI. Algunos expertos sostienen que más información sobre corrupción no se traduce en un mayor voto de castigo al partido en el Gobierno. En otras palabras, señalan que los electores están dispuestos a tolerar la corrupción de los gobernantes sin pasarles la factura en las urnas. La evidencia muestra que, entre más escándalos de corrupción, menos ciudadanos votan, con lo cual sólo se fortalece la posición relativa del candidato puntero sin castigar electoralmente a nadie. Otros estudios han encontrado que el voto de castigo frente a hechos de corrupción existe siempre y cuando haya consecuencias jurídicas --no sólo mediáticas-- de sanción al corrupto. Adicionalmente, la percepción de la situación económica de cada persona (si ha mejorado o empeorado) impacta no sólo en el sentido del voto, sino en el filtro con el que percibe su propia realidad, incluyendo prevalencia y costos de la corrupción. A partir de la encuesta, se muestra la interacción de cuatro factores clave (si dieron 'mordida' en el último año, el monto promedio, la percepción de la situación económica y qué era más importante: "sacar al PRI del Gobierno" o "evitar que llegue López Obrador a la Presidencia"). Así es que se anticipa un voto de castigo en julio. Un segundo hallazgo es que la corrupción afecta menos a quienes mayor seguridad económica reportan. El monto de la 'mordida' promedio entre quienes respondieron que su situación económica había mejorado mucho en el último año fue de 30 pesos. Quienes reportaron que su situación había empeorado dijeron haber pagado mordidas de más de 338 pesos, es decir, 11 veces más. Estos resultados complementan la evidencia de que a los más pobres la corrupción les afecta más. Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010 (Transparencia Mexicana), los hogares que ganan hasta un salario mínimo mensual pagan, en promedio, hasta 33 por ciento de su ingreso en sobornos. -- Reforma