Emilio Lozoya solicitó un amparo para obligar a que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) le entregue copias de la carpeta de investigación que instruye por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012. Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal, admitió a trámite la demanda de garantías 984/2017, interpuesta el pasado viernes por el ex director de Pemex, quien no solicitó la suspensión de los actos de la Fiscalía. El defensor del ex funcionario, Javier Coello Zuarth, confirmó que el amparo fue presentado luego de que la FEPADE no proporcionara copia de los registros de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017. Según los acuerdos publicados en lista por el juzgado, Lozoya pide a la juez revocar un oficio con número AYD-FEPADE-12581/2017, emitido por la Fiscalía, y que sería la respuesta negativa a su solicitud de copias. Ortega Tlapa acordó llevar a cabo el próximo 3 de enero a las 9:30 horas la audiencia constitucional del amparo, misma que, una vez efectuada, le permitirá dictar su sentencia. La carpeta de investigación, de cuyos registros Lozoya pide copia, consta de más de 14 tomos y fue iniciada con la denuncia que presentaron el pasado 16 de agosto la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, y el secretario de Asuntos Electorales, Octavio Martínez. El ex director de Pemex de hecho litigó para que la FEPADE fuera obligada a citarlo y darle acceso al expediente, lo que sucedió por vez primera el 26 de octubre. Los perredistas acusan en su querella que cuando Lozoya era coordinador de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto supuestamente recibió 3 millones 140 mil dólares de la empresa brasileña Odebrecht para apoyar la candidatura presidencial del priista. Además de esta indagatoria, la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR integra otra carpeta de investigación por cohecho y lavado de dinero contra el ex funcionario, por supuestamente recibir 10 millones de dólares de Odebrecht a cambio de otorgarle una obra en la refinería de Tula, Hidalgo, por 115 millones de dólares. Esta última pesquisa se encuentra suspendida de forma indefinida por un juzgado federal, lo que implica que no puede ser judicializada por la Procuraduría General de la República (PGR) hasta que no se resuelve antes otro amparo del acusado. Hora de public -- Reforma