La diputada María Isabel González Tovar presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado en su artículo 122 Quáter, con el objetivo de dotar de autonomía administrativa, técnica, presupuestal y de gestión a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. En su exposición de motivos, la diputada González Tovar manifiesta  que la corrupción es un fenómeno nocivo presente en las estructuras de gobierno de los países del mundo y México no es ajeno a ello, por el contrario, esta problemática se encuentra arraigada en todos los órdenes de gobierno. Agrega que por ello, la independencia de la autoridad investigadora de delitos por hechos de corrupción es un tema pendiente en la procuración de justicia, por lo que es indispensable contar con una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción autónoma que se encargue de la investigación y persecución de los delitos, dando cumplimiento a lo previsto en la reforma constitucional y los tratados y recomendaciones internacionales y no sea susceptible a conflictos o influencias por depender económica y jerárquicamente de otros órganos. “Una Fiscalía autónoma especializada en materia de corrupción podrá hacer frente a los intentos de influenciar decisiones acerca del curso de una investigación o el ejercicio de la acción penal, y no cederá a la pretensión de utilizar el poder punitivo del Estado para servir a intereses personales y fomentar la impunidad”. Agrega que la iniciativa tiene como fin dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que actualmente depende jerárquicamente de la Fiscalía General del Estado y solo cuenta con autonomía técnica de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la Fiscalía. La diputada Isabel González Tovar manifiesta que la corrupción es considerada uno de los problemas que más afecta los esfuerzos nacionales, estatales y municipales por combatir la desigualdad y la pobreza y generar el crecimiento económico que México tanto necesita; la gravedad de esta situación se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2018, en el cual México ocupa la posición 138 de 180 países evaluados, con una calificación de 28 puntos, donde 100 significa menor percepción de corrupción y cero significa mayor percepción. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI en 2017, la corrupción tiene el segundo puesto como el mayor problema que enfrenta nuestro país, siendo precedido únicamente por la inseguridad como el tema más preocupante en la agenda nacional.  Lo anterior revela la deplorable visión que tienen los ciudadanos de su gobierno y hace evidente la necesidad de adoptar medidas y redoblar esfuerzos internacionales, regionales y nacionales para establecer estrategias y políticas que permitan prevenir, detectar y sancionar las conductas relacionadas con actos de corrupción en los diversos ámbitos de gobierno. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales; Justicia; y Vigilancia para su análisis.