La necesidad de conseguir un tanque de oxígeno para un ser querido ha provocado que personas se aprovechen de la situación y vendan o renten estos productos a costos excesivos.  Para contrarrestar esta situación se ha propuesto en la Comisión Permanente que las personas que incurran en estas conductas sean castigadas con hasta siete años de prisión y de 75 a 200 días de salario mínimo. La diputada local de Morena, Esperanza Villalobos Pérez, propone que para llevar a cabo este castigo sea reformado el artículo 232 bis del Código Penal capitalino. Hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas que permitan tener mayor control sobre la distribución de insumos para pacientes de covid-19, ya que existen varios casos de personas que han pagado precios excesivos.  La iniciativa fue enviada para su análisis y viabilidad a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

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