El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que el organismo presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios y exfuncionarios del organismo electoral, así como contra empresas proveedoras. Se les acusa por la probable comisión de diversos delitos, entre ellos uso ilícito de atribuciones, cohecho y tráfico de influencias, de acuerdo con el escrito remitido al Palacio Legislativo de San Lázaro. En el Instituto Nacional Electoral (INE) se difundió que entre las personas involucradas en las denuncias estarían la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala y el contratista Alfredo Hernández Casillas. El documento fue turnado a los presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como de Transparencia y Anticorrupción, Javier Herrera Borunda y Ricardo Mejía Berdeja, respectivamente, en él se notifican las acciones emprendidas por el OIC. Se presentaron seis denuncias penales ante la FGR en contra de diversas personas servidoras y exservidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación en hechos que la ley señala como delitos", apuntó Carvente Contreras. El contralor identificó los siguientes delitos: -Uso ilícito de atribuciones y facultades

-Uso de documento falso

-Tráfico de influencias

-Ejercicio ilícito del servicio público

-Cohecho Aquellos que la autoridad competente determine

"Se emplazó a ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como a una persona moral, para comparecer a las audiencias iniciales correspondientes, en el marco de procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves", añadió. Las denuncias tienen el propósito de continuar con la substanciación de dichos procedimientos y, en su oportunidad, remitir los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que, en el ámbito de su competencia, determine lo que a derecho corresponda.

En el documento dirigido a los legisladores federales, Carvente señaló que "en caso de que este OIC advierta hechos que pudieran constituir delitos, continuará con la presentación de las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes". Cabe señalar que distintas empresas vinculadas obtuvieron contratos por dos mil 461 millones de pesos, como en su momento informó el titular del OIC del INE a la Cámara de Diputados el pasado 30 de octubre. Ahí expuso que, de 2014 a 2025, cinco empresas vinculadas entre sí y que simulaban competencia recibieron contratos por dos mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales (OPLE). Las compañías involucradas tienen como accionistas en común a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, entre otras personas, quienes formarían parte de una presunta red de colusión de negocios. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Con información de Excélsior.